El país ingresa a la recta final electoral sumido en una crisis múltiple y sin actores capaces de canalizar el descontento. En esta entrevista, Huáscar Pacheco analiza las causas estructurales de la conflictividad y los riesgos latentes para la democracia, a partir del estudio de UNIR Bolivia.
¿ Por qué era necesario investigar la conflictividad política en este momento?
Porque estamos viviendo un momento bisagra. El estudio “Del desencuentro a la crisis” se propuso analizar no solo los conflictos, sino el contexto estructural que los genera. Partimos de la idea de que la conflictividad no es algo aislado, sino resultado de procesos acumulativos: desgaste institucional, agotamiento del modelo político, crisis económica
Ustedes hablan de una crisis multidimensional. ¿Cómo se expresa? Es una combinación de factores: desinstitucionalización profunda, un sistema de partidos debilitado y vaciado de contenido, y una economía que muestra signos claros de agotamiento. Todo eso genera un estado de anomia. La gente desconfía de todo: partidos, justicia, organizaciones sociales, y eso es gravísimo en un contexto electoral. ¿Estamos ante el final del ciclo hegemónico del MAS? ¿Detectan signos de recomposición política o sólo fragmentación? ¿Qué tipo de riesgos electorales han identificado en el estudio? ¿El TSE tiene la legitimidad que se necesita en este momento? ¿Qué papel juegan hoy las organizaciones sociales? ¿Qué señales deberían dar los nuevos liderazgos tras las elecciones? ¿Qué mensaje final darías a políticos, instituciones y ciudadanía?
Sí, aunque el MAS aún tiene arraigo. Lo que vemos es un cambio de ciclo. Por primera vez en 20 años vamos a una elección sin un resultado anticipado. Hay al menos tres fuerzas con chances reales. Pero el fin de la hegemonía no garantiza la recuperación democrática. Para eso hace falta reconstruir el pacto democrático y las instituciones.
Ambas cosas. Hay fragmentación, pero también una tendencia ciudadana hacia opciones de centro. Lo hemos visto en el rechazo a discursos radicales, tanto libertarios como populistas. Hay un deseo de estabilización. La gente no quiere más violencia ni bloqueos. Quiere un cambio, pero sin sobresaltos.
Principalmente dos: los intentos duros de boicot, como amenazas de sabotaje al proceso, y los ataques blandos como campañas de desinformación muy bien estructuradas que buscan minar la confianza en el TSE. Eso es peligrosísimo porque hay una sobreexpectativa en que estas elecciones abran un nuevo ciclo. Si no se cumplen esas expectativas, el conflicto puede escalar rápido.
Tiene debilidades, sí, tanto simbólicas como materiales. Pero creemos que hay que apuntalarlo. Es el único ente rector del proceso y si no logra consolidarse, la incertidumbre crecerá. Cualquier señal de falta de transparencia o eficacia puede detonar conflictividad. La institucionalidad democrática está demasiado frágil para improvisar.
Han perdido capacidad de mediación. La lógica de la pugna política ha llegado a ellas, generando paralelismos y fracturas internas. El problema es que muchos de los conflictos que antes podían canalizarse mediante esas organizaciones ahora escalan rápidamente hacia la violencia. Es un vacío muy serio.
La principal tarea del próximo gobierno es recuperar credibilidad institucional. La ciudadanía necesita ver que las normas se cumplen, que hay previsibilidad, que la justicia no es un brazo político. La reforma judicial es urgente. Si eso no ocurre pronto, la conflictividad contenida puede estallar apenas se disipe el compás de espera que hay ahora.
Hay que entender que este proceso no es solo una elección. Es una posibilidad de empezar a salir del ciclo de polarización y confrontación. Para eso se necesita responsabilidad política, diálogo, y reconstruir los espacios comunes que hemos perdido. La democracia está en juego, y no podemos seguir apostando al todo o nada.
La democracia boliviana necesita tiempo, acuerdos y reformas urgentes si quiere salir del desencuentro y evitar una nueva etapa de inestabilidad y fractura.