El Comité pro Santa Cruz homenajeó ayer a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador Luis Fernando Camacho y al exlíder cívico potosino Marco Pumari, en un acto al que calificó como un gesto de reparación moral tras “20 años de persecución política” ejercida, según la institución, por los gobiernos del MAS.
La entidad cívica sostuvo que Áñez, Camacho y Pumari fueron víctimas de un aparato estatal que “usó la justicia como arma” para castigar a opositores y líderes cívicos que denunciaron el fraude electoral de 2019. El Comité aseguró que el país vivió un periodo en el que “el miedo se convirtió en método de poder” y cientos de ciudadanos se vieron obligados al exilio.
Durante la ceremonia se afirmó que quedó demostrado que en 2019 hubo fraude electoral y que el relato del autogolpe fue “otro montaje del masismo”, destinado a criminalizar a quienes defendieron la democracia y se opusieron a la reelección indefinida. “Es hora de reconstruir la justicia para todos; la libertad es un derecho que se conquista cada día”, fue el mensaje central.
Camacho, quien habló tras recibir su distinción, agradeció el gesto y dijo que lo recibe “en nombre del pueblo cruceño”, al que calificó como la fuerza que abrió la posibilidad de recuperar la libertad en 2019. “La cárcel no es vergüenza, es orgullo por haber defendido pacíficamente la democracia”, afirmó, al señalar que su encarcelamiento fue un intento fallido de convertir en trofeo político a un opositor que, según dijo, “nunca cometió delito” para estar en prisión.
También recordó que aún existen presos, perseguidos y exiliados. “La muestra más clara de que nunca hubo golpe es que la lucha fue limpia, pacífica y popular. Ese pueblo sigue sin miedo”, expresó.
El Comité leyó además una carta enviada por Marco Pumari, quien no pudo asistir. En ella agradeció el reconocimiento y reafirmó que su participación en 2019 respondió a un deber ciudadano en la crisis de ese año.
Jeanine Áñez cerró el acto con un mensaje de agradecimiento. Sostuvo que su detención formó parte de un sistema de abuso de poder y aseguró que continuará trabajando para que “el último boliviano perseguido pueda volver a casa” y se haga justicia.
La institución cívica concluyó señalando que, en el nuevo ciclo político que vive el país, la reconstrucción del Estado de derecho debe ser una prioridad: “El Comité pro Santa Cruz fue, es y será la casa de la resistencia democrática. Hoy empieza el camino hacia una Bolivia sin perseguidos políticos”.
Mientras se realizaba ese acto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que realizará una audiencia pública de “seguimiento a las investigaciones de las 10 muertes de Senkata y Sacaba” el próximo 19 de noviembre en la Universidad de Miami, según una nota de prensa de esa instancia internacional. Este seguimiento tiene como base el reporte del Grupo Interdisciplonario de Expertos Independientes (GIEI) que estableció el uso de armas letales durante el mandato de Áñez, pero el reporte no tomó en cuenta el antecedente del fraude electoral de 2019.
El exembajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, cuestionó la convocatoria de la CIDH porque consideró que se realiza con motivos políticos. La “CIDH, bajo móviles políticos, convoca a audiencia con supuestas ‘víctimas’ de Senkata y Sacaba para provocar a un nuevo gobierno Bolivia con apenas una semana. “Les incomoda la liberación de Jeanine Ánez”, escribió en X