Cerca de las 20:00 de este sábado y tras llevarse a cabo una audiencia virtual, el Juzgado 15vo de instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres decidió enviar con detención preventiva por cuatro meses a la ex diputada del MAS, Lidia Patty, investigada por haberse beneficiado supuestamente con 700.000 bolivianos por un proyecto de producción de tomates, monto que estaba destinado para ocho comunidades.
“Se ha determinado cuatro meses de detención preventiva de manera arbitraria”, indicó el abogado de la exdiputada, Víctor Nina a El Deber.
Estrategia de defensa
Una prueba de descargo de la ex diputada del MAS, Lidia Patty, implica al expresidente Luis Arce en el caso de desfalco al Fondo Indígena, por el cual ella fue aprehendida el viernes y hoy es sometida a audiencia cautelar.
El abogado Eduardo León, denunciante, anunció que el lunes presentará una denuncia penal por favorecimiento al enriquecimiento ilícito contra el exmandatario, que en ese entonces fungía como ministro de Economía.
Jorge Nina, abogado de quien también fue dirigente de las Mujeres Bartolina Sisa, sostuvo que su defendida admite que recibió dinero del Fondo Indígena en cuentas particulares, para proyectos en ocho comunidades de La Paz, pero que esta acción la realizó debido a una resolución ministerial que lo permitía. Agregó que Patty tiene todos los descargos sobre el uso del dinero, por lo que negó haberse apropiado del mismo.
EL DEBER consultó sobre el tema al abogado denunciante, Eduardo León, quien sostuvo que dicha resolución existe, pero que, al contrario de lo que cree la defensa de Patty, no es una prueba que libre de responsabilidad a la exdiputada; al contrario, este documento implica al expresidente Arce por ser quien supuestamente avaló dichos desembolsos y que amerita el inicio de un nuevo proceso penal.
“Primero, fue un acto absolutamente ilegal (el autorizar y recibir dinero del Estado en cuentas particulares). Existe un acta (del directorio del Fondo Indígena y una resolución ministerial) por la cual el entonces ministro de Economía, Luis Arce, autorizó el traspaso de estos montos de dinero a cuentas particulares, no solo de Lidia Patty, sino de varios dirigentes de las organizaciones sociales”, sostuvo León en entrevista con EL DEBER.
El jurista ratificó que la norma de ese entonces y las actuales prohíben que dinero del Estado se desembolse en cuentas particulares.
El fiscal del caso, Miguel Cardozo, afirmó a EL DEBER que Patty presentó dicho descargo, pero se negó a dar una opinión sobre la legalidad de dicha autorización; sin embargo, aseveró que el tema debe ser analizado en otra investigación.
Mencionó que, en el caso de Patty, ella no puede aducir como defensa desconocimiento de la norma; pero, además, está el hecho de que los ocho proyectos agrícolas para los cuales estaba destinado el dinero no fueron concluidos, por lo que de todas formas existe un daño económico al Estado.
Sobre Arce, León explicó que incurrió en dos delitos: dictar resoluciones contrarias a la ley y favorecimiento al enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, por lo que trabaja en la redacción de una denuncia penal contra Arce, la que será presentada el día lunes en la Fiscalía de La Paz.
León aseguró que esa autorización de pago a cuentas particulares fue uno de los hechos que dieron lugar al desfalco de más de Bs 4.000 millones al Fondo Indígena. “En el caso de Melva Hurtado (exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), en cuatro minutos se le transfirió 21 millones de bolivianos; Juanita Ancieta (de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa), de igual forma, cobró 8 millones de bolivianos, y así otros dirigentes de organizaciones indígenas que apoyaron al MAS y a Evo Morales”, explicó.
Asimismo, mencionó que la autorización del desembolso de dinero a cuentas particulares podría implicar a los 39 miembros del directorio del Fondo Indígena, además de exministros como Carlos Romero “y, por supuesto, Nemesia Achacollo”, concluyó León.