El abogado penalista Cristian Sánchez sostuvo que la aplicación de manillas electrónicas de vigilancia para detenidos preventivos es saludable, pero observó que es una medida tardía en relación los países vecinos de la región. Acotó que habrá costos de uso que deben asumirse.
Es una propuesta positiva, pero retrasada en el tiempo en cuanto a al aplicación. Muchos de los países vecinos ya lo aplicaron hace años, entre cinco a siete años, de lo que vienen a ser los dispositivos de control de movimiento en tiempo real. Es muy saludable dada la realidad carcelaria y penal del país por el exceso execrable de detención preventiva, manifestó el jurista en el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio.
El Gobierno adquirió 500 manillas electrónicas por Bs 2,2 millones, según Comunidad Ciudadana, el precio unitario por aparato es de Bs 4.500. Los productos se compraron aún sin haberse aprobado en la Asamblea el proyecto de Ley 358 de Dispositivos Electrónicos de Vigilancia.
Sobre los recursos gastados, el experto en seguridad dijo que además del costo de compra de los dispositivos, hay un costo de aplicación ya que el funcionamiento de los aparatos está en el orden de los siete dólares por día. ¿El Estado va a asumir ese gasto o lo asumirá el detenido preventivo?.
Señaló que incluso puede incurrirse en discriminación económica porque la casa donde esté el investigado debe tener conexión eléctrica e internet porque estará conectado a los sistemas de monitoreo electrónico para su funcionalidad.
Otra preocupación es la selección posiblemente discrecional para decidir a quién se le otorgan las manillas electrónicas y que también podría estar sujeto a hechos de corrupción para beneficiar a los imputados con esta medida. El abogado señaló que se pueden superar estos obstáculos mediante la tecnología que se aplique y el reglamento de la ley que se elabore.
Sánchez acotó que la la medida, sin duda, ayudará a reducir el hacinamiento carcelario y la retardación de justicia que son dos temas problemáticos en el país.