El Ejecutivo intenta por segunda vez que la Asamblea Legislativa debata desde hoy las modificaciones a los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y decomiso de recursos y bienes, pese a las protestas de 2021 que evitaron la aprobación del proyecto de ley 218/2020-2021 que contenía similares conceptos y al compromiso del Gobierno de cumplir con las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sin necesidad de una norma.
El ministro de Justicia y también proyectista de la ley, Iván Lima, informó que el GAFI visitará Bolivia este mes y hará una evaluación de cómo el país combate la legitimación de ganancias ilícitas. Ante ello, enfatizó la necesidad de modificar los cuatro delitos a través de la Ley 280 que será tratada en la Comisión de Constitución de Diputados y aclaró que esta no “criminaliza” la protesta como mencionan algunos opositores.
“Esta norma de ninguna manera repone el proyecto de ley (218) que ha sido archivado y que no lo vamos a volver a plantear. Esta norma va a buscar en el ámbito de los compromisos internacionales del país mejorar la lucha contra los políticos corruptos y deja claramente establecido que la protesta social es un derecho consolidado”, aseguró. Sin embargo, el 14 de octubre de 2021, cuando Lima anunció el retiro del proyecto 218 afirmó que “vamos a cumplir obligaciones internacionales pero no con una ley, ese es el acuerdo, el compromiso, que tenemos con el presidente (Luis Arce). (...) Tenemos compromisos internacionales que tienen que cumplirse en el marco de la GAFI y que de ninguna manera tienen que ver con el texto de la ley presentada”, sostuvo la autoridad. El mismo día en otra entrevista y ante la consulta de los periodistas sobre cómo se cumplirán con las recomendaciones del GAFI luego de retirada la ley 218, el ministro respondió que será “con un trabajo del gabinete, con una reforma judicial que necesitamos urgentemente, con un Ministerio Público que cumpla sus obligaciones, con la Cancillería firmando tratado y convenios bilaterales, siendo eficiente en la investigación”. “Sin la ley tenemos que hacer el mismo trabajo o el doble, pero nuestra obligación es garantizarle al Estado es que GAFI no va a sancionar y que no vamos a pasar a ninguna lista”, aseguró. La falta de confianza en el sistema judicial y la debilidad institucional son dos de los factores más importantes en las 40 recomendaciones del GAFI que también Bolivia debe cumplir. A un año y medio de las declaraciones de Lima, la tipificación de terrorismo vuelve a tratarse en Diputados a través del proyecto de ley 280. Eso sí, con pequeños cambios en la redacción y se aumenta de cuatro a siete causales. “Será sancionada con privación de libertad de 20 a 25 años y decomiso de los bienes que sean producto o instrumento del delito, la persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población o a un sector de ella, con el fin de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente u obligar a un gobierno nacional, extranjero u organización internacional a realizar o abstenerse de realizar algún acto, por medio de una o varias de las siguientes conductas”, señala el documento. Respecto a las siete causales menciona la ejecución de acciones con la intención de provocar la muerte, graves lesiones corporales o restricción de la libertad de las personas; se entregue, coloque, arroje, destruya o detone un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en instalaciones privadas o públicas; se apodere de una aeronave, medio de transporte terrestre o buque mediante violencia, amenaza o cualquier otra forma de intimidación. Le sigue la atentatoria contra la vida o integridad de una persona internacionalmente protegida o cometa un atentado violento contra locales oficiales, residencia particular o medio de transporte de una persona internacionalmente protegida; detenga a otra persona en condición de rehén y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida hasta obtener alguno de los fines descritos en el primer párrafo. También se considerará terrorismo si la persona recibe, posee, use, transfiere, altera, evacúa o dispersa materiales nucleares sin autorización legal y, finalmente, si ejecuta un acto de violencia contra una o más personas en un aeropuerto que preste servicio a la aviación civil. El parágrafo IV aclara que “las acciones de movilización social, no constitutivas de las conductas descritas en el Parágrafo I del presente Artículo, que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional, no serán consideradas como Terrorismo”. Observaciones y marchas La oposición advirtió, pese al artículo aclaratorio, que la norma busca “criminalizar” las movilizaciones y que el proyecto forma parte de una estrategia conformada por tres elementos: elecciones judiciales “amañadas”, posesión del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, y la aprobación de la ley contra legitimación de ganancias ilícitas. “Está en marcha el plan triángulo para imponer la dictadura en Bolivia por parte del Gobierno de Luis Arce. Uno de los vértices de ese triángulo es la ley maldita 280 por esa forma tan desastrosa de redactar esos tipos penales de terrorismo y legitimación. En el otro vértice está el control de la justicia con las elecciones de este año y la designación del nuevo viceministro Jhonny Aguilera que es un especialista en terrorismo de Estado”, aseguró el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana. Fernando Larach, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el proyecto de ley “sataniza” el derecho a la protesta y busca crear “condiciones favorables” al Gobierno. El dirigente adelantó que sostuvo reuniones con gremiales y esta jornada tendrá un encuentro con los transportistas para analizar medidas de presión. Entre tanto, el gremialista Toño Siñani afirmó que transcurridas las 72 horas de plazo que dieron para que no se trate la ley iniciarán con las protestas para exigir que se deseche la propuesta. “Quieren penalizar a los compañeros gremiales y transportistas, mineros y todos los sectores con este proyecto de ley 280 que realmente atenta contra la población. Hay que aclarar algunas cosas han sacado pero sigue este proyecto de lícito e ilícito, si no facturamos seríamos ilícitos”,manifestó el dirigente. De acuerdo al análisis del abogado José Luis Santiestevan y el rector cruceño Vicente Cuéllar, el proyecto tiene aspectos de inconstitucionalidad. Sobre el delito de terrorismo apuntaron que “en la actualidad está siendo mal utilizados por fiscales y jueces, para criminalizar las protestas”. “La tipicidad del delito de terrorismo es penalizada. Si producto de dichos actos que pueden ser de reivindicación de derechos a la protesta, libertad de expresión, paros, bloqueos o cabildos se produzca un fallecimiento, se castiga como delito asesinato con 30 años de cárcel, a los que generen la marcha. Criminaliza la presunción de inocencia”, refieren los analistas consultados.