Para el diputado del MAS, Renán Cabezas, de la facción que defiende al expresidente Evo Morales, la condena que se dictará en Estados Unidos contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Maximiliano Dávila, alias ‘Macho’, no debe afectar al exmandatario que lo puso en el cargo en 2019.
“Los delitos son personales, esta sentencia no debería afectar al hermano Evo Morales, a nadie más, ni siquiera a su familia (de Dávila). Los estados tienen su legislación y cuando emiten este tipo de sentencias no debería afectar a Evo Morales, quien siempre ha sido perseguido, desde que era dirigente cocalero”, afirmó Cabezas en contacto con EL DEBER.
El veredicto
De acuerdo a documentos de la audiencia realizada ayer en Nueva York, a los que este medio tuvo acceso, un jurado de 12 personas halló “culpable” a Dávila, por “conspirar” para el tráfico de “más de cinco kilos de cocaína” hacia ese país, además del uso de armas para el mismo fin.
El fallo emitido por el jurado contra Dávila, se dio a 11 meses de su extradición desde Bolivia, para comparecer en un caso que inició en 2020, luego de la captura de un grupo de involucrados en Perú y Colombia, entre ellos dos bolivianos, el exmayor de la Policía Boliviana, Omar Rojas (dado de baja) y el narco exconvicto de la justicia estadounidense, Jorge Roca Suárez, más conocido como “Techo de Paja”.
El caso se inició a partir de los audios y datos que brindó un informante de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), quien en diferentes reuniones grabó conversaciones en las que, supuestamente, Dávila habló sobre cómo garantizaba el viaje de aeronaves hacia Estados Unidos, que incluían la escolta armada.
Según la acusación, el “Macho” Dávila, aprovechó sus conocimientos como exjefe de la Felcn, para garantizar el cargamento.
Dávila llegó al cargo, luego de una larga carrera ligada a unidades de inteligencia de lucha contra el narcotráfico, parte de la cual la cumplió junto a Rojas y su hermano el coronel Alex Rojas, que el año de su captura ocupaba el cargo de Inspector General de la Policía.
En 2019, el presidente Morales y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aprobaron la designación de Dávila en uno de los cargos más importantes en la lucha contra las drogas. La primera autoridad política sobre Dávila, era el entonces viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, quien hace un mes fue aprehendido luego de que se halló un laboratorio de cristalización de cocaína en el terreno en el que trabajaba, en el municipio de Puerto Villarroel del departamento de Cochabamba.
Consultado sobre estos nexos policiales y políticos, entre Dávila, durante el Gobierno de Morales, el diputado Cabezas rechazó que estos impliquen al exmandatario y señaló que involucrarlo, era solo el deseo de “opositores y gente de la derecha al servicio de Estado Unidos. Dávila no era el único comandante y seguro se tiene que investigar si hay otras personas implicadas”, dijo Cabezas a EL DEBER.
Se debe precisar que, la justicia estadounidense aún no ha emitido una condena con los años de presidio que debería cumplir Dávila en ese país, una sanción que se estima será mayor a los 10 años, de acuerdo a la legislación norteamericana.
Para el diputado electo por el PDC, Manolo Rojas, exabogado defensor de Dávila, en Bolivia no existía prueba alguna contra el exdirector de la Felcn, en relación a delitos de narcotráfico o legitimación de ganancias ilícitas. “No puedo emitir mayor comentario, porque desconozco lo que se haya presentado como prueba en la justicia de Estados Unidos”, afirmó Rojas en contacto con este medio.
En contraparte, el abogado y coronel del servicio pasivo del Ejército, Jorge Santisteban, considera que luego de la lectura del veredicto de culpabilidad dictado contra Dávila, este podría “negociar” para que los años de presidio sean mínimos, pero esto a cambio de información “verificada” sobre otros cómplices ligados al tráfico de drogas a Estados Unidos.
En ese sentido, para Santistevan, Morales y las autoridades políticas y policiales que tuvieron que ver en su designación como director de la Felcn, podrían resultar implicados en el caso iniciado por la DEA.
EL DEBER también buscó la versión de los exministros de Gobierno, Carlos Romero y Eduardo Del Castillo. El primero pidió dar su criterio luego de conocer más de talles del tema.
En caso de Del Castillo, quien supervisó la captura de Dávila en Bolivia, y el cumplimiento de los requisitos en el proceso de su extradición a Estados Unidos, no atendió los llamados.