La Defensoría del Pueblo de Bolivia emitió un pronunciamiento oficial tras el hallazgo de dos cuerpos sin vida con signos evidentes de violencia en el municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba, donde ambos hombres habrían sido linchados por una turba, acusados de intentar robar vehículos en la zona.
Según el reporte preliminar de la Policía, las víctimas fueron identificadas como Richard R.A. y Edson B.F., este último sin antecedentes policiales. Sin embargo, Richard contaba con antecedentes por asesinato, lo que habría exacerbado la reacción de los comunarios.
La institución lamentó profundamente los hechos y recordó que, como Estado de Derecho, Bolivia no permite que ninguna persona, grupo o comunidad imponga castigos por cuenta propia. “Los linchamientos y toda acción que pretenda sancionar hechos delictivos por mano propia están al margen de la ley y constituyen delitos”, expresó la Defensoría en su comunicado.
Según los datos preliminares, los cuerpos fueron encontrados la madrugada del viernes en inmediaciones de Senda III y Tipoy, con signos de tortura. En redes sociales circularon videos donde se observa cómo los supuestos ladrones fueron interrogados y posteriormente asesinados por una multitud.
La Defensoría recordó que la Constitución Política del Estado, en su artículo 15.1, garantiza el derecho a la vida y a la integridad física, y prohíbe expresamente la tortura, los tratos crueles e inhumanos, y la pena de muerte. En ese marco, denunció que estos actos constituyen una grave vulneración a los derechos humanos, y lejos de resolver conflictos, generan más violencia y miedo.
“Cuando se toma la justicia por mano propia, no solo se afecta la convivencia armónica, sino que se genera más inseguridad y desconfianza en la sociedad”, sostuvo la entidad.
La institución también se refirió a la profunda crisis de credibilidad y acceso a la justicia que atraviesa el país, señalando que, si bien el descontento ciudadano con el sistema judicial es evidente, ello no puede servir de justificación para actuar fuera del marco legal.
En este contexto, la Defensoría instó al Ministerio Público, la Policía Boliviana y el Órgano Judicial a cumplir con su función constitucional, brindando una respuesta pronta y efectiva ante este tipo de crímenes, con investigaciones que aseguren verdad y justicia tanto para las víctimas como para la sociedad.
“Bolivia es un Estado Plurinacional cimentado en los valores de justicia, diálogo y respeto a la vida. Es deber de las instituciones públicas demostrar con acciones concretas que el Estado tiene la capacidad y voluntad de proteger a sus ciudadanos dentro del marco legal”, concluye el pronunciamiento.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones entre los responsables del linchamiento, y las autoridades aún gestionan el traslado de los cuerpos al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para su identificación formal y autopsia de ley. El caso sigue bajo investigación del Ministerio Público en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).