El decreto 5475 que fue promulgado el miércoles dispone la suspensión de los plazos de los contratos que estén realizando todas las entidades estatales y dejan la conclusión de los mismos al próximo Gobierno. Asimismo, los gastos de transmisión de mando no serán concentrados en el ministerio de la Presidencia, sino que cada entidad realizará los gastos que considere necesarios.
“En el periodo de Transición de Gobierno, las Máximas Autoridades Ejecutivas de los Ministerios de Estado, sus entidades descentralizadas y sus empresas públicas, así como las demás instituciones del sector público del Órgano Ejecutivo del nivel central, podrán disponer mediante resolución expresa la suspensión de los plazos de los procedimientos administrativos hasta la posesión de las nuevas autoridades, con excepción de aquellos plazos establecidos por Ley”, señala la disposición transitoria única del decreto.
El gobierno saliente de Luis Arce se reunió con los delegados del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, y acordaron una metodología para el traspaso de información al próximo gobierno, de tal modo que conozca la situación del país que recibe la nueva administración. El decreto promulgado por Arce regula todos los pasos que deben seguir las autoridades.
Curiosamente, el decreto no fija un presupuesto o un techo de gastos y deja en manos de cada institución que incurra en gastos para el cumplimiento de la transición. El ministerio de la Presidencia solamente realizará tareas de coordinación.
“Se autoriza a los Ministerios de Estado del Órgano Ejecutivo así como a las entidades públicas involucradas en la Transmisión de Mando Presidencial, a efectuar la contratación directa de bienes y servicios destinados exclusivamente al desarrollo y ejecución de las actividades relacionadas con dicho acto”, señala el artículo 4 del decreto.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que no se fijó un monto porque no se sabe cuánto se requerirá y recordó que en 2020 el gobierno de Jeanine Áñez dispuso 1,5 millones y no se ejecutó ni el 50% de ese monto.
Al ser un acto eminentemente protocolar, el mayor gasto lo debe realizar la Cancillería del Estado pues todos los gastos para la visita de delegaciones deben ser definido por este despacho. Así lo indica el decreto. También manda a que el evento protocolar sea “coordinado” con la Vicepresidencia.