La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en su informe de 2024 que los incendios forestales que golpearon al país entre julio y octubre de 2024 alcanzaron “niveles alarmantes”; además, ratificó que, a pesar de la “pausa ambiental” declarada por el gobierno del presidente Luis Ace, las quemas ilegales prosiguieron.
El reporte para esta temática fue elaborado por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca). El documento se imprimió en marzo de este año y la CIDH comenzó a divulgarlo, junto con el resto de sus reportes, a partir del 8 de mayo.
“Los incendios, que afectaron más de 10 millones de hectáreas, han tenido graves repercusiones que incluyen el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de medios de vida y la alteración de los ecosistemas esenciales para la subsistencia de las comunidades”, señala el reporte anual.
El informe emitido por la CIDH tiene como base información recopilada por personeros enviados a Bolivia por esa organización entre el 9 y 11 de diciembre de 2024. Es decir, no solo información del Gobierno que, en este caso, no emitió aún la extensión de bosques devastados por efecto de incendios provocados por el humano.
La delegación estuvo encabezada por el Relator Especial Javier Palummo, quien visitó las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra y San Ignacio de Velasco. En esa oportunidad, conversó con el vicepresidente, David Choquehuanca, y otras autoridades estatales.
A través del monitoreo satelital con el sensor Modis Terra, un equipo conformado por expertos en geomática ambiental, convocado por EL DEBER, trabajó en la consolidación de datos sobre estos siniestros. Hasta el 30 de septiembre de 2024, la Fundación Tierra había contabilizó 10 millones de hectáreas a escala nacional, pero el fuego continuó, incluso, hasta diciembre.
El resultado de las pesquisas del equipo comandado por EL DEBER arrojó 14.047.301 de hectáreas quemadas. Este reporte se publicó en enero y ratificó el hecho que, en 2024, Bolivia, pero especialmente los departamentos de Santa Cruz y Beni, sufrieron la mayor devastación ambiental en la historia.
Ajustes a la legislación
“A pesar de la ‘Pausa Ambiental’ implementada por el Gobierno, la delegación observó que aún se realizaban quemas ilegales, lo que resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y monitoreo”, se lee en el informe publicado en Washington.
El presidente, Luis Arce firmó, el 10 de septiembre de 2024 el Decreto 5225 con el que puso en marcha esa “pausa ambiental”, una medida gubernamental para prohibir las quemas y sanciones a los que vulneran esas prohibiciones.
Ante este escenario, “la Relatoría Especial subrayó la importancia de una reforma normativa que priorice la sostenibilidad ambiental y proteja los derechos humanos, especialmente de las comunidades indígenas”.
Además, pidió la implementación de políticas que limiten la expansión de la frontera agrícola y promuevan prácticas agrícolas sostenibles.
Finalmente, la Relatoría instó a realizar investigaciones exhaustivas para identificar y sancionar a los responsables de los incendios, y resaltó la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para la prevención y respuesta a futuras emergencias climáticas.
Prevención
La CIDH recomendó que “es preciso que el Estado y las comunidades trabajen en conjunto” para aplicar estrategias de prevención, protección y preservación del derecho a un medioambiente sano.
En este sentido, la Relatoría llamó a aumentar la inversión en tecnología y recursos para la detección temprana de incendios, así como en la capacitación y el equipamiento adecuado de las brigadas locales para combatir estos siniestros de manera efectiva.
“La crisis de los incendios forestales en Bolivia no solo es un desafío ambiental, sino también una oportunidad para replantear las políticas públicas para una adecuada gestión de recursos y el desarrollo sostenible en el país”, remarcó el informe de la CIDH sin perder de vista la necesidad de precautelar la vigencia de los derechos humanos.