A través de una carta, el cocalero César Apaza solicita la atención de los personeros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegaron a Bolivia. Afirma que es inocente y que su salud está deteriorada. La misiva está dirigida a José Luis Caballero, Alto Comisionado líder de la misión de la CIDH. (...) tengo a bien solicitar que ponga sus ojos ante mi caso, ya que en mi país hace 15 meses no he podido encontrar una justicia digna y con honor, razón por la cual me tienen detenido por más de 15 meses injustamente sin prueba alguna. Luego expone las razones del documento, por tal motivo es que me atrevo a pedir que la CIDH por medio de sus personeros puedan ser veedores en mi audiencia, ya que los administradores de justicia, todo este tiempo han ido dilatando y han estado poniéndome falsos testigos y muchas otras irregularidades, por tal motivo hago reiterativo mi pedido a la CIDH que puedan estar presentes en mis audienciasy ser veedores de la injusticia que se comente en contra de mi persona. Para Apaza, esta misión es una oportunidad para que pueda levantar mi voz ante los abusos de la justicia de mi país. Al día de hoy, no solo estando con una completa ilegal detención desde el 3 de diciembre, en la cual ningún juez o tribunal quiere ser competente para resolver mi situación. El cocalero detalla la postergación de sus audiencias y las califica como una estrategia para dilatar y prolongar su detención. Ante la negativa de que se cumplan los plazos procesales y se lleve adelante la audiencia que determina cual sería mi situación jurídica, se presentó una acción de libertad que fue favorable para mi persona, exigiendo que se lleven mis audiencias en 24 horas y 72 horas, plazo que se cumple hoy, sin embargo, el juez Juan Carlos Montalvan Zapata, solicitando actas de audiencias de fecha 3, 5 y 6 de diciembre, audiencias que nunca se llevaron adelante, bajo este argumento se niega a recibir mi causa, mi detención sigue siendo arbitraria y se está incumpliendo un fallo constitucional que determinó que mi persona está sufriendo una tortura judicial ante el incumplimiento de plazos y violando el debido proceso. Ante esta situación, es que Apaza pide atención a su caso de manera expresa, argumentando además su pésimo estado de salud. En estos 15 meses detenido, sin pruebas, siendo completamente inocente, se me niega el acceso a la justicia, pese a que mi salud está completamente deteriorada, la secuelas de la embolia no pueden ser paliadas con un tratamiento mínimamente digno, por lo cual solicito su especial atención en mi caso, concluye la misiva. La CIDH llegó a Bolivia el martes, y tras su arribo expresó su preocupación por el escaso avance en las investigaciones de los eventos de 2019. Bolivia cumplió cabalmente solo cuatro de las 36 recomendaciones del GIEI, según el informe. Entre tanto, el martes se conoció que el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, presidido por el juez Iván Perales, declaró procedente la acción de libertad planteada por Apaza y determinó que en 24 horas se realice una audiencia para que se considere su situación jurídica y en 72 horas la Sala Penal Tercera lleve adelante su audiencia de apelación, pendiente desde noviembre.
El abogado Jorge Valda comunicó que esta última audiencia debía tramitarse en el plazo de 72 horas, pero no fue posible realizarla en los términos de ley.
“Se ha determinado responsabilidad por dilación indebida para el juez Séptimo de Instrucción en lo Penal, Fernando García Mamani, por no haber remitido los antecedentes procesales a la instancia correspondiente dentro de los plazos fatales, perentorios e improrrogables, que establece el procedimiento”, señaló.
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