La situación judicial del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo dio un giro inesperado, luego de que recuperara su libertad pocas horas después de haber sido detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Chile. La aprehensión, ejecutada la madrugada de ayer, martes, terminó convertida en un revés para la Policía y la Fiscalía, pero abrió, al mismo tiempo, un frente judicial mucho más amplio y complejo para la exautoridad.
Alrededor de las 18:00, Del Castillo fue conducido al Juzgado 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, a cargo del juez Carlos Alberto Moreira Rivero, donde debía definirse su situación jurídica. Sin embargo, poco antes, en una audiencia virtual, un juez de Warnes ordenó su libertad pura y simple, luego de que el Ministerio Público determinara no presentar una imputación formal en su contra.
Posteriormente, el juez Moreira presidió la audiencia de acción de libertad interpuesta por el exministro. En su resolución, la autoridad judicial concluyó que no se respetaron los protocolos policiales durante la detención y que, ante la inexistencia de una imputación fiscal, correspondía disponer la inmediata libertad de Del Castillo.
El fallo concedió la acción de libertad y ordenó permitir la libre circulación de Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, sus dos hijas menores de edad -de 13 y 5 años- y otros familiares, además de garantizar la atención médica en Chile que requiere la menor de cinco años. El juez también advirtió que podrían establecerse responsabilidades penales y civiles contra los accionados.
Horas antes, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, había anunciado el inicio de una investigación penal contra Del Castillo por el presunto delito de impedir o estorbar el ejercicio de la función policial. La versión oficial señalaba que el exministro se habría negado a permitir la revisión de su equipaje antes de abordar el vuelo internacional. En un video institucional, Mariaca aseguró que se analizarán los hechos “para garantizar el debido proceso y el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente”.
Pese a que existe una normativa de arraigo que impide a exautoridades de gobierno salir del país durante los tres meses posteriores a dejar el cargo, esta no sería aplicable a Del Castillo, ya que dejó el Ministerio de Gobierno para participar en la campaña electoral en representación del MAS. Aun así, la aprehensión fue ejecutada y derivó en una controversia jurídica que terminó favoreciendo al exministro en el corto plazo.
Error de procedimiento
La defensa, a través del abogado Enrique Ramírez, denunció vulneración de derechos y abusos cometidos contra Del Castillo y su familia. El exministro relató que, tras arribar a Santa Cruz desde La Paz, se produjeron demoras irregulares en Migración, pese a no existir impedimento legal alguno para su salida del país. Incluso, aseguró que funcionarios habrían paralizado la atención sin explicación y que fue obligado a descender del bus que trasladaba a los pasajeros al avión, sin que se le exhibiera orden judicial o administrativa.
No obstante, la recuperación de su libertad no trajo calma. Desde que se conoció la detención, una andanada de denuncias comenzó a acumularse contra el exministro, muchas de ellas vinculadas a su gestión al frente del Ministerio de Gobierno.
A primera hora de ayer, el abogado del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, Martín Camacho, informó que presentó una denuncia penal contra el expresidente Luis Arce y Eduardo del Castillo por delitos vinculados al operativo de aprehensión ejecutado en diciembre de 2022. La denuncia incluye incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, tortura, vejaciones y secuestro, y fue presentada ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. La defensa incluso solicitó la aprehensión inmediata del exministro, alegando riesgo de fuga.
A estas acciones se sumaron nuevas denuncias y anuncios de adhesión. Marco Antonio Aramayo, descendiente del principal denunciante del caso Fondo Indígena, se presentó en la Felcc para denunciar presuntas amenazas de muerte y anunció que se adherirá a la denuncia contra Del Castillo, a quien atribuye responsabilidad política en ese caso. El abogado Carlos Gaity, en contacto con EL DEBER, también se declaró víctima de la exautoridad y afirmó que en 2024 se le habría armado un proceso judicial que afectó su honor, su familia y su trabajo profesional.
Desde tempranas horas, en puertas de la Felcc se instaló una vigilia de personas que aseguran haber sido víctimas de abusos durante la gestión de Del Castillo. Entre ellas, Nelly, una de las participantes, relató agresiones físicas y detenciones arbitrarias mientras defendían instituciones públicas en Santa Cruz durante el paro por el censo. A este escenario se suman anuncios de futuras denuncias del exlíder cívico Rómulo Calvo, activistas, colectivos vecinales, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y familiares de víctimas de operativos policiales.
Reacciones a la caída
Las reacciones políticas y sociales no tardaron en llegar, tras la detención del exministro. Desde sus redes, el gobernador Luis Fernando Camacho afirmó: “Hemos presentado una denuncia penal (...) por el secuestro y torturas ejecutadas en contra de mi persona”. Añadió que “secuestraron la investidura del Gobernador y la voluntad del pueblo cruceño” y pidió que estos hechos no queden en la impunidad.
El exdirigente cívico Marco Antonio Pumari sostuvo: “Te aprovechaste del poder que te dieron, hiciste lo que te dio la gana con nuestras vidas” y remarcó que “el poder no es eterno”.
Desde la cárcel, el general Juan José Zúñiga escribió: “Un nombre simboliza ese abuso de poder: Eduardo del Castillo” y aseguró que “celebro la caída de otro verdugo”.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió que el caso siga su curso legal: “Es importante que el poder judicial actúe conforme al debido proceso”, aunque cuestionó que “hay personas con notificación que no están presas”.
El activista cubano Jorge Castro, que fue expulsado por órdenes de Del Castillo, recordó: “El ministro que firmó mi expulsión arbitraria fue detenido… espero se haga justicia”.
La breve detención de Del Castillo dejó al descubierto un escenario complejo. Con múltiples denuncias en curso y otras en camino, la pregunta que queda abierta es si el exministro podrá sostener su defensa fuera del país o si el peso de los procesos anunciados terminará obligándolo a enfrentar a la justicia boliviana en los próximos meses.