Bolivia cuestiona datos del informe de EEUU

A una semana de la llegada de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Departamento de Estado de Estados Unidos observó al menos 12 tipos de vulneraciones a derechos cometidos por funcionarios de Gobierno en Bolivia. Entre ellos, se destaca los actos de tortura, la persecución política y las agresiones a la prensa. Sin embargo, la Cancillería manifestó que es un informe unilateral y desconoció el documento.

“El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en referencia al Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los Derechos Humanos, manifiesta que no reconoce este tipo de documentos emitidos de forma unilateral que son una práctica de injerencia en asuntos internos y elaborados sin fundamentos objetivos que lo sustenten”, dice parte del comunicado emitido ayer por la Cancillería.

De acuerdo con el informe de Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que el Ministerio de Justicia no tomó acciones sobre acusaciones de tortura por parte de policías y militares, que la empleaban con frecuencia. Las ONG informaron que las investigaciones policiales se basaron en gran medida en la tortura para obtener información y extraer confesiones.

Sobre este caso, el ministro de Justicia, Iván Lima, respondió que el informe carece de precisión, ya que el Servicio para la Prevención de la Tortura (Sepret) está a cargo de la Defensoría del Pueblo desde 2021 y no de la cartera de Estado a su cargo.

“El Departamento de Estado y la instancia del gobierno norteamericano no ha tenido el cuidado de analizar que ya el Ministerio de Justicia no está a cargo del Sepret y esa es una constatación de lo básico del informe y la mala información que tiene. Cuando le dicen al ministro de Justicia que tiene que presentar acciones sobre los casos de tortura desconocen que hemos transferido esta entidad a la Defensoría del Pueblo”, explicó.

Calificó el informe como “débil” en sus argumentos y con información “imprecisa”.

Sin embargo, para Jaime Aparicio, ex embajador boliviano ante la Organización de los Estado Americanos (OEA), el documento es uno de los “más duros” que emitió Estados Unidos para Bolivia. “No es ambiguo, no es un informe que refleja violaciones que no están especificadas. Acá hay un claro señalamiento de la responsabilidad internacional de Bolivia en violaciones a derechos internacionales”, manifestó.

Mientras tanto, el Gobierno espera la llegada de los altos comisionados de la CIDH cuya estadía de observación y no de investigación será del 27 al 31 de marzo.

“De acuerdo con el reglamento de la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (se hará una) visita in loco, que quiere decir observación en el sitio, en el lugar, que es muy diferente a una investigación por vulneración de derechos humanos. Lo que va a ser la visita in loco es reflejar la situación de los derechos humanos en el país, el cumplimiento de estándares internacionales, el cumplimiento de recomendaciones emitidas por diferentes organismos”, aclaró el viceministro César Siles.