Grover García, presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), pasó de ser uno de los lugartenientes políticos de Luis Arce en la disputa interna contra Evo Morales a exigir que el exmandatario vaya a prisión si se comprueban los hechos de corrupción por los que hoy es procesado. En entrevista con EL DEBER, García no solo respaldó la investigación judicial por el desfalco al Fondo Indígena, sino que además confirmó que Arce ya no pertenece al MAS y que fue expulsado un mes antes de que deje la Presidencia el 8 de noviembre.
García y Arce fueron aliados clave entre 2022 y 2024 en la pugna por el control del MAS frente a Evo Morales, una confrontación que terminó fracturando al partido. La crisis se reflejó en las urnas: en las elecciones generales de agosto de 2025, el MAS —que había ganado cuatro comicios consecutivos con más del 50%— apenas alcanzó el 3% de los votos, porcentaje mínimo para salvar la sigla y evitar su desaparición.
García fue elegido presidente del MAS luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) fallara contra Evo Morales y otorgara el control del partido a la facción arcista. Hoy, sin embargo, el mismo dirigente que defendió a Arce en la arena partidaria marca distancia y avala que la justicia actúe “con la pena más dura” si se comprueba la corrupción.
“Si es responsable, debe ir a la cárcel”
Consultado sobre la soledad política que rodea hoy a Arce —quien en 2020 ganó la Presidencia con el 54% de los votos—, García fue directo: “Hay que ser claros ante el pueblo boliviano. Todo indicio de corrupción debe ser investigado correctamente por la justicia. Y si
Para el líder del MAS, la corrupción es una de las causas del deterioro económico del país. “Nos ha llevado a un país quebrado, con debilidades económicas”, sostuvo, aunque también cuestionó la selectividad de la justicia y denunció que en Bolivia aún no existe una justicia “sana y transparente”. Aun así, insistió en que todos deben ser investigados y sancionados por igual.
García reveló que la Dirección Nacional del MAS expulsó a Luis Arce cuando todavía era presidente. Según su versión, la decisión se tomó tras exigirle explicaciones —mediante tres notas formales— sobre aportes partidarios que no habrían sido entregados. “No es un alejamiento: lo hemos expulsado de las filas del MAS por desvío de fondos y porque no pudo controlar la corrupción dentro de las estructuras públicas”, afirmó.
El dirigente sumó razones políticas y de gestión: la crisis de combustibles, la escasez de dólares y el encarecimiento de la canasta familiar. “Cuando un gobernante entra a gobernar, entra a resolver las demandas del pueblo de forma transparente y eficaz”, señaló.
García también dejó entrever dudas sobre el procedimiento. Criticó que se haya pasado “directamente a la aprehensión” y habló de abuso de autoridad y de intereses políticos que buscan “mostrar al pueblo que se está cumpliendo”, sin respetar el conducto regular. Pese a ello, reiteró que, si hay responsabilidad penal, debe haber sanción.
El caso Fondo Indígena
La Fiscalía investiga a Arce por hechos ocurridos entre 2013 y 2015, cuando era ministro de Economía. Según la acusación, desembolsó más de Bs 100 millones del Fondo Indígena a al menos 20 cuentas bancarias personales de dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS, bajo el rótulo de proyectos de desarrollo campesino.
Por estos hechos, el exmandatario fue imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. La Fiscalía solicitó 90 días de detención preventiva en el Centro de Reinserción de Qalauma, en Viacha, tras su aprehensión el miércoles en La Paz.
El abogado denunciante, Eduardo León, explicó a EL DEBER que el núcleo del caso es “el depósito de dinero público en cuentas privadas”. Precisó que solo entre 20 personas se habrían transferido Bs 102,8 millones, con nombres, supuestos proyectos y montos individualizados.
Entre los principales beneficiarios figuran Melva Hurtado Áñez (Bs 22,9 millones), Hubert Rivero Méndez (Bs 11,4 millones), Victoria Justiniano Gonzales (Bs 8,5 millones), Dionicio Flores López (Bs 6,7 millones), René Jiménez Ledezma (Bs 6,1 millones) y otros exdirigentes de organizaciones como la Csutcb, las Bartolinas, interculturales y la Tupac Katari. También aparecen nombres de la cúpula masista, con transferencias millonarias a cuentas personales.