La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la falta de marcos jurídicos claros y mecanismos de supervisión independientes ha permitido que varios gobiernos de América Latina utilicen tecnologías de vigilancia digital sin control, afectando derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.
Presentado esta semana, el informe “El impacto de la vigilancia digital en la libertad de expresión en las Américas” documenta un patrón regional en el que herramientas como el software espía Pegasus, los sistemas de reconocimiento facial, la geolocalización y el ciberpatrullaje se aplican fuera de la ley o en “zonas grises normativas”, sin las garantías mínimas de legalidad, proporcionalidad y transparencia.
México: espionaje sin control judicial
México es uno de los casos más documentados. El informe detalla que el spyware Pegasus fue utilizado durante años por entidades estatales —incluidos el Ejército y la Fiscalía General— para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
Lo alarmante, según la RELE, es que las fuerzas armadas carecen de autoridad legal para interceptar comunicaciones privadas, y aun así lo hicieron. A pesar de las denuncias, no existe un mecanismo independiente que supervise el uso de estas tecnologías, y ningún funcionario ha sido sancionado por los abusos
El Salvador: espionaje a la prensa y exilio forzado
En El Salvador, más de 30 periodistas del medio El Faro y de otras redacciones fueron infectados con Pegasus entre 2020 y 2021. La investigación del Citizen Lab y Access Now comprobó que los teléfonos fueron intervenidos incluso cuando la CIDH ya había otorgado medidas de protección a los comunicadores.
El Estado, pese a los llamados internacionales, no ha esclarecido el caso ni establecido límites legales al espionaje, lo que obligó a El Faro a trasladar sus operaciones a Costa Rica
Colombia: vacíos en la rendición de cuentas
El documento revela que en Colombia la Dirección de Inteligencia de la Policía compró Pegasus por 11 millones de dólares sin registro presupuestario. Posteriormente, se supo que el sistema se usó contra opositores y periodistas.
La Corte Interamericana confirmó que el Estado espió durante años al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, evidenciando una práctica estructural de vigilancia ilegal y ausencia de reparación para las víctimas
Argentina y Brasil: reconocimiento facial y geolocalización sin garantías
El informe advierte que Buenos Aires puso en marcha un sistema de reconocimiento facial en 2019 sin controles ni ley de protección de datos adecuada. En 2023, la Justicia porteña lo declaró inconstitucional tras demostrar que se había usado para vigilar a ciudadanos sin antecedentes penales y con errores que derivaron en detenciones injustas
En Brasil, la Agencia de Inteligencia (ABIN) operó entre 2019 y 2021 un software de geolocalización conocido como First Mile, capaz de rastrear hasta 10.000 celulares. La herramienta fue adquirida sin licitación y fuera del marco legal, permitiendo el seguimiento de periodistas, activistas, jueces y políticos. La investigación judicial continúa en curso ante el Supremo Tribunal Federal
Un marco legal insuficiente en toda la región
Según la RELE, ningún país de las Américas cuenta con una legislación integral que regule el uso estatal de tecnologías de vigilancia. Los vacíos normativos permiten prácticas arbitrarias, mientras que la falta de supervisión independiente y de reparación a las víctimas genera un ciclo de impunidad. La Relatoría advierte que esta situación favorece la normalización del espionaje y erosiona la democracia.
El organismo recomienda a los Estados de la OEA actualizar sus leyes de inteligencia, establecer autoridades civiles de control, y exigir a las empresas tecnológicas la debida diligencia en derechos humanos antes de vender o financiar estas herramientas.
“Sin un marco legal sólido y transparente, la vigilancia digital seguirá siendo una amenaza directa para la libertad de prensa, la participación ciudadana y el debate público”, concluye el informe de la CIDH.