La tragedia sucedida en el colegio Juan Misael Saracho de Oruro deja al desnudo las graves falencias normativas y los escasos controles en torno a las actividades estudiantiles extracurriculares que se desarrollan en todo el país. Dos jovencitas murieron aplastadas por una avalancha humana durante un concierto de música realizado en el patio de esa unidad educativa, donde se vendieron entradas, ingresó público ajeno y, según denuncias de asistentes, incluso se consumió alcohol.
Como suele ocurrir en Bolivia, tras la desgracia se inicia una cacería de culpables. En Oruro se llegó a acusar a un integrante del grupo musical por supuestamente haber provocado el tumulto. También se apuntó a la directora del colegio y al funcionario municipal que otorgó el permiso. Sin embargo, la raíz del problema es otra: la normativa vigente es escueta, imprecisa y contradictoria, por lo que resulta casi imposible establecer responsabilidades claras y, peor aún, prevenir hechos como este.
La norma aplicable en este caso es la Resolución Ministerial 001/2025, que prohíbe el consumo de alcohol y estupefacientes en instalaciones educativas, así como en actos cívicos y académicos. Sin embargo, no contempla actividades extracurriculares organizadas por padres de familia, estudiantes o profesores. Pese a esa omisión, la responsabilidad sigue recayendo en los directores de los establecimientos. Otro artículo de la misma resolución “prohíbe terminantemente los viajes de promoción”, pero no aclara qué pasa si los padres, como ocurre en la práctica, deciden desobedecer y asumir el riesgo.
El panorama se complica porque la Ley 070 Avelino Siñani otorga a las juntas escolares de padres amplias facultades de decisión, incluso por encima de docentes y directores. Así, en la práctica, los padres terminan definiendo muchas de las actividades extracurriculares: desde la venta de uniformes y kermeses, hasta las fiestas y los viajes de promoción. Con frecuencia, estos eventos reúnen grandes aglomeraciones que superan el aforo de los recintos y en no pocos casos se permite el consumo de alcohol entre menores, con la venia de los propios progenitores.
La responsabilidad tampoco se limita al ámbito educativo. Las alcaldías, llamadas a regular espectáculos públicos y a velar por la seguridad de los predios, también fallan. Otorgan permisos de manera discrecional, sin verificar si hay salidas de emergencia, extintores, seguridad estructural en escenarios y graderías, o si se evita la sobreventa de entradas. Incluso en los estadios o coliseos donde se hacen conciertos, la falta de controles y la precariedad de las medidas de seguridad son muy comunes.
El tema adquiere especial vigencia en estos meses, cuando proliferan las fiestas de graduación y los viajes de promoción. Muchas se realizan en predios escolares y otras en centros de eventos que, en la mayoría de los casos, tampoco cumplen normas de seguridad. Ante esta ausencia de regulación, la prudencia de los padres debería ser el primer límite en beneficio de sus propios hijos. Las celebraciones no pueden convertirse en una amenaza a la vida de los estudiantes.
La tragedia de Oruro debe llamarnos a la reflexión. Hace falta reformular el marco legal que rige el sistema educativo, de modo que se asignen responsabilidades claras a todos los actores, incluidos los padres, y se establezcan requisitos de seguridad obligatorios para cualquier evento con participación de escolares. Una nueva legislación debería garantizar no solo seguridad, sino también calidad educativa y la promoción de valores que fortalezcan a toda la comunidad. Que este doloroso hecho sirva para aprender, corregir y evitar que nuevas vidas jóvenes se pierdan por negligencia e improvisación.