Bolivia enfrenta una realidad que durante años fue negada, minimizada o simplemente distorsionada desde las esferas del poder como la presencia creciente y cada vez más visible del crimen organizado. Hoy, los hechos hablan por sí solos y desbordan cualquier intento de relato oficial. Los recientes asesinatos por encargo, ejecutados con precisión y violencia en distintas regiones del país, no son episodios aislados; configuran un patrón que revela estructuras delictivas operando con logística, financiamiento y redes que difícilmente podrían sostenerse sin fallas graves en los sistemas de control estatal.
Durante un tiempo largo se insistió en que Bolivia era una suerte de “isla de paz”, ajena a los niveles e índices de criminalidad que afectan a países vecinos. Sin embargo, esa narrativa ha ido perdiendo sustento frente a una seguidilla de hechos que evidencian todo lo contrario. El sicariato, una práctica ligada directamente al crimen organizado, ha dejado de ser una excepción para convertirse en una señal de alerta roja.
Los casos recientes, en los que al menos tres personas fueron ejecutadas a sangre fría por sicarios que luego escaparon sin dejar rastro, exponen no solo la audacia de los delincuentes, sino también la debilidad de los mecanismos de control e investigación. A ello se suma un historial preocupante que da cuenta de múltiples crímenes similares que permanecen sin resolución, alimentando la percepción de impunidad. Cuando las investigaciones no llegan a puerto alguno, el mensaje que se envía es peligroso. Que delinquir en nuestro país puede no tener consecuencias.
El episodio recientemente ocurrido en la comunidad cruceña de Paurito resulta particularmente revelador. La detención de 13 personas, once de ellas de nacionalidad colombiana, en un inmueble de lujo donde la Policía fue recibida a tiros, plantea interrogantes que no pueden ser eludidas o quedar sin respuesta. No se trata únicamente de un operativo exitoso o de un enfrentamiento puntual; es la evidencia de que grupos organizados, posiblemente transnacionales, operan en territorio boliviano con recursos, armamento y capacidad de resistencia. Uno de los colombianos capturados es uno de los más buscados en su país de origen donde tiene abiertos procesos por secuestro y homicidio.
La pregunta es inevitable: ¿cómo ingresaron estos ciudadanos extranjeros al país y a los que incluso se atribuyen supuestos nexos con el connotado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, preso actualmente en Estados Unidos luego de su captura y entrega inmediata por Bolivia? ¿Lo hicieron a través de fronteras permeables, históricamente poco controladas, o mediante documentación adulterada? Cualquiera de las dos opciones refleja fallas estructurales en los sistemas de seguridad y control migratorio. Y ambas requieren respuestas urgentes y transparentes.
En este contexto, el rol del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Migración es central. No basta con operativos reactivos ni con declaraciones que intenten relativizar los hechos. Se necesita una política integral que reconozca la magnitud del problema, fortalezca los controles fronterizos, mejore los sistemas de inteligencia y garantice investigaciones eficaces que deriven en sanciones concretas.
Negar la realidad no la transforma. Por el contrario, la agrava. Bolivia ya no puede darse el lujo de sostener discursos que desdibujen un fenómeno que está cobrando vidas y socavando la seguridad ciudadana. Reconocer la presencia del crimen organizado es el primer paso. El siguiente, mucho más complejo, es enfrentarlo con decisión, transparencia y resultados.