Las recientes medidas económicas anunciadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira han generado una reacción positiva en la ciudadanía. La eliminación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), la restitución del crédito fiscal por la compra de combustibles y la liberación de pagos en dólares mediante tarjetas bancarias constituyen decisiones largamente esperadas en un contexto de restricciones económicas y presión cambiaria.
Se trata, sin duda, de señales en la dirección correcta. El ITF, vigente durante dos décadas, había perdido sentido en un sistema financiero que requiere dinamismo. La devolución del crédito fiscal por combustibles responde a un principio de equidad tributaria, especialmente tras el levantamiento del subsidio. Y la flexibilización de pagos en dólares abre una vía necesaria para familias y empresas con obligaciones en el exterior.
Sin embargo, junto al reconocimiento de estas medidas, emerge un problema que no puede ser ignorado: la distancia entre el anuncio político y la vigencia jurídica. A la fecha, ninguna de estas disposiciones ha sido publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, requisito indispensable para que cualquier norma adquiera validez y obligatoriedad.
El principio de publicidad normativa no es un formalismo. Es una garantía esencial del Estado de derecho. En Bolivia, ninguna ley, decreto o resolución produce efectos mientras no sea debidamente publicada. El anuncio, por sí solo, no crea derechos ni obligaciones. No habilita su aplicación. Confundir estos planos genera incertidumbre y debilita la institucionalidad.
A ello se suma la necesidad de reglamentación. En particular, la implementación de la liberación de pagos en dólares depende de disposiciones específicas de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Sin esta normativa, los bancos, mutuales y cooperativas no cuentan con el marco operativo para ejecutar los cambios. A su vez, estas entidades requieren tiempo para adecuar sistemas y plataformas.
La economía no funciona con declaraciones, sino con reglas claras y procedimientos cumplidos. La expectativa generada por los anuncios contrasta con la realidad de usuarios que, días después, no pueden acceder a los beneficios prometidos. Este desfase, en un contexto de restricciones prolongadas, exige especial cuidado en la comunicación pública.
No se trata de cuestionar la intención de las medidas, sino de subrayar la importancia de su correcta implementación. La política económica exige coherencia entre decisión, norma y ejecución. Anunciar sin tener resueltos los aspectos legales y técnicos equivale a trasladar incertidumbre al ciudadano.
La credibilidad institucional se construye en esos detalles. Un gobierno que busca generar confianza debe asegurar que cada anuncio esté respaldado por instrumentos legales vigentes, reglamentaciones claras y condiciones operativas listas. Solo así se evita el desgaste y se fortalece la relación con la ciudadanía.
En tiempos de fragilidad económica, la responsabilidad es mayor. No se puede jugar con las expectativas de quienes requieren certezas para tomar decisiones cotidianas. La seriedad en la gestión pública no radica solo en el contenido de las medidas, sino en la forma y el momento en que se comunican.
Porque en economía, como en derecho, anunciar no es legislar. Y prometer no es cumplir.