La transición en la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra que se puso en marcha ayer con una demora de casi dos semanas, se ha convertido en un síntoma preocupante de la fragilidad institucional que desde hace tiempo largo arrastra el gobierno edil. A poco más de un mes de la posesión del alcalde electo, Manuel ‘Mamén’ Saavedra, el proceso que debería garantizar continuidad administrativa, transparencia y orden, se encuentra recién en una fase preliminar que evidencia resistencias, desorganización o, en el peor de los casos, opacidad deliberada.
El equipo de transición designado por Saavedra ha empezado a recibir ‘información esencial’ por parte de la gestión saliente encabezada por Jhonny Fernández. No se trata de formalismos ni de simples trámites burocráticos. Y es que los datos solicitados -situación económica, estado financiero, estructura administrativa y acervo documental- constituyen la base mínima para diagnosticar y conocer el estado real del municipio más grande y poblado del país. Sin ese diagnóstico, cualquier intento de planificación se convierte en un ejercicio a ciegas, con el riesgo de reproducir errores o subestimar crisis latentes. Preocupa que esa ‘información esencial’ no esté debidamente respaldada, según lo afirmado, en principio, por el encargado del equipo que al efecto delegó la autoridad municipal electa.
La contundencia del mandato popular, con más del 70% de respaldo electoral, no solo legitima a Saavedra, sino que también eleva las expectativas ciudadanas. Ese respaldo masivo no fue un cheque en blanco, sino un llamado urgente a corregir rumbos, transparentar la gestión pública y reconstruir la confianza en la institucionalidad local. Sin embargo, esa tarea comenzó a tropezar antes incluso de iniciarse formalmente, atrapada en la aparente falta de cooperación de la administración saliente.
Resulta legítimo preguntarse por las razones que explican esta demora que acortó los plazos considerablemente. ¿Se trata de desorden administrativo acumulado? ¿De la inexistencia de información sistematizada? ¿O de una estrategia política orientada a dificultar el arranque de la nueva gestión? Cualquiera sea la respuesta, el efecto es el mismo porque se debilita el proceso democrático y se perjudica directamente a la ciudadanía, que espera soluciones urgentes a problemas estructurales de la ciudad.
Saavedra ha anunciado un plan ambicioso para “reconstruir” la ciudad, erradicar la corrupción y reducir los costos administrativos y operativos. Son objetivos necesarios, pero también complejos, que requieren información precisa y oportuna. Sin acceso a los datos reales, cualquier política de ajuste o reingeniería institucional corre el riesgo de ser improvisada o incompleta. La lucha contra la corrupción, en particular, depende en gran medida de la existencia de registros claros, trazables y verificables.
En este contexto, la responsabilidad de la gestión saliente es ineludible. La transición no es una concesión política, sino una obligación ética y legal. Negar o dilatar el acceso sin cortapisas a la información pública no solo entorpece la gobernabilidad futura, sino que también levanta sospechas sobre el manejo de los recursos municipales durante la administración que concluye.
La ciudad no puede permitirse una transición a medias. La urbe cruceña enfrenta desafíos urgentes en infraestructura, servicios básicos, planificación urbana y sostenibilidad financiera. Cada día perdido en la entrega de información es un día menos para planificar soluciones.
El tiempo corre, y con él crece la expectativa -y la impaciencia- ciudadana. La administración de Jhonny Fernández aún está a tiempo de corregir el rumbo y facilitar un proceso ordenado. De lo contrario, no solo dejará una gestión cuestionada, sino también una transición marcada por la desconfianza. Y esa, sin duda, es la peor herencia posible.