El proceso electoral es la piedra angular de toda democracia. Sin confianza en sus reglas, en su transparencia y en la integridad de sus resultados, cualquier sistema político comienza a resquebrajarse desde sus cimientos. Por ello, la repetición de la votación este domingo 5 de abril en 105 mesas de los municipios de Santa Cruz de la Sierra, San Javier y San Ignacio de Velasco no es un hecho menor ni meramente administrativo. Por el contrario, constituye una prueba decisiva para la credibilidad institucional en el departamento de Santa Cruz y, por extensión, en el país.
Las denominadas “fallas logísticas” registradas en la jornada del pasado 22 de marzo y que derivaron en la anulación de resultados por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED), no pueden ser vistas como simples errores operativos. En un contexto donde la ciudadanía exige cada vez mayor transparencia, cualquier irregularidad -por pequeña que parezca- alimenta la sospecha, la desconfianza y la percepción de que el voto puede no ser respetado. Esa es una herida profunda para la democracia.
La situación adquiere mayor gravedad si se considera que Santa Cruz es el único departamento donde aún no se han consolidado los resultados electorales. Este retraso no solo genera incertidumbre política, sino que también pone en riesgo el calendario institucional, particularmente la convocatoria a la segunda vuelta para la Gobernación cruceña prevista para el próximo 19 de abril. Cada día de indefinición erosiona la certeza jurídica y debilita la legitimidad del proceso.
En este escenario, las autoridades electorales tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que la repetición de la votación se realice con absoluta pulcritud. Esto implica corregir de manera efectiva las fallas detectadas, reforzar la capacitación del personal electoral, asegurar la distribución oportuna y completa del material, y establecer mecanismos de control que permitan prevenir cualquier nueva contingencia. No hay margen para el error.
Pero la tarea no recae únicamente en el órgano electoral. Los actores políticos también deben asumir una conducta responsable, evitando discursos que exacerben la desconfianza o que pretendan capitalizar las dificultades del proceso. La vigilancia ciudadana, por su parte, debe ser activa pero constructiva, orientada a fortalecer la transparencia y no a socavarla.
La repetición de la votación es, en esencia, una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que las instituciones pueden corregir sus errores, que el sistema electoral tiene mecanismos de autocontrol y que la voluntad popular será respetada sin condiciones. Es también una ocasión para reafirmar que el voto de cada ciudadano cuenta y que su expresión en las urnas no será distorsionada por deficiencias logísticas o administrativas.
La confianza ciudadana no se decreta. Se construye con hechos. Este domingo, en esas 105 mesas, se jugará mucho más que la validación de unos resultados. Se pondrá a prueba la credibilidad de todo el proceso electoral. Y esa es una responsabilidad que no admite improvisaciones ni justificaciones. Garantizar unas elecciones transparentes como corresponde a un Estado democrático no es solo una obligación legal; es un compromiso ético con la democracia y con la ciudadanía.