La figura del vicepresidente en un sistema presidencialista no es (como se afirma con mucha frecuencia) meramente decorativa; representa la continuidad institucional y el respaldo de un proyecto político que fue validado en las urnas por la voluntad popular a partir de una propuesta conjunta entre ambos candidatos. Cuando un vicepresidente decide romper con el mandatario y combatir activamente su gestión, se genera un fenómeno complejo que trasciende la simple disputa política, trasluce una posible erosión institucional del Estado. Es una forma cada vez más frecuente en los brotes subversivos en contra de las democracias contemporáneas, propias de las posturas “progre” y los difusos postulados “Woke”, un concepto que ha pasado de ser una consigna de resistencia, a convertirse en un eje de polarización de corte fascistoide en las sociedades occidentales contemporáneas.
El elector supone que cualquier vicepresidente acepta el compromiso sagrado de defender la Constitución y la estabilidad del Gobierno que representa. La ruptura sistemática puede interpretarse como una violación a esa promesa inicial. La lealtad y la veracidad que muestra cada actor político son pilares del orden social; por tanto, actuar en contra del proyecto que se ayudó a construir deviene en un conjunto de actitudes antidemocráticas y permite conjeturas de todo orden.
Huelga decir que la metamorfosis de aliado a enemigo interno infringe un daño profundo a la institucionalidad y erosiona la confianza que el ciudadano siente por los candidatos que eligió. La sensación de que el voto fue un cheque en blanco utilizado para ambiciones personales y no para un proyecto de reconstrucción nacional se impone como la imagen dominante, en realidad, la imagen de un vicepresidente embarcado en debilitar las acciones del Ejecutivo se percibe como una clara posición antidemocrática y de oscura procedencia.
A nivel interno, el vicepresidente opositor corre el riesgo de ser percibido como un “oportunista” o un “traidor”. Su legitimidad se ve cuestionada porque, aunque critica al gobierno, sigue ocupando un cargo que obtuvo gracias a la estructura que ahora combate. Acá uno se pregunta qué tan consistente puede ser la estructura moral de un político que se mueve en el horizonte de la traición y el oportunismo, o quizá, la pregunta más dolorosa, ¿está realmente actuando en función del país? ¿No será mera egolatría?
Se suma a todo esto el hecho de que los organismos multilaterales y los inversores extranjeros interpretan estas fracturas como señales de inestabilidad jurídica y política. Un país donde el segundo al mando combate al primero es visto como un Estado riesgoso, con bases institucionales endebles y sujetas al humor del “enemigo interno”. Al romper el vínculo de lealtad con el Ejecutivo y el mandato popular, Edmand Lara no solo afecta la gestión gubernamental, sino que socava la moral pública, dejando un precedente donde la ambición política prevalece sobre la responsabilidad institucional y la ética de servicio. Algo que, además, puede leerse como deriva de un largo periodo autoritario.