En los últimos días, la Fiscalía de La Paz ha admitido una denuncia contra Evo Morales Ayma y once supuestos cómplices por un caso de trata de personas registrado entre 2015 y 2020. Una organización criminal habría facilitado hasta 37 ‘encuentros’ entre Morales Ayma y la víctima, pese a la condición de esta como menor de edad. La denuncia solicita que todos los involucrados en el hecho sean procesados y sancionados con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de cárcel, conforme a la legislación penal boliviana vigente para este tipo de delitos.
No obstante, la impunidad que rodea a las denuncias contra del expresidente del Estado constituye uno de los episodios más graves y perturbadores de la crisis institucional boliviana de los últimos años. Más allá de las afinidades políticas o del legado que algunos sectores intentan reivindicar, el núcleo del problema radica en la incapacidad -o falta de voluntad- del Estado para investigar con seriedad denuncias que involucran a una de las figuras más poderosas de la historia reciente del país. Cuando el poder político se convierte en un escudo frente a la justicia, el daño no solo alcanza a las presuntas víctimas, sino a todo el sistema democrático.
Desde hace tiempo, distintas denuncias públicas señalan que, durante el ejercicio de la presidencia, Morales habría estado involucrado en hechos vinculados a delitos sexuales contra adolescentes, tipificados en la legislación boliviana como estupro. Estas acusaciones no surgieron de manera aislada ni reciente. Un exfuncionario del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima declaró la existencia de una presunta estructura organizada que operaba para facilitar traslados, encuentros y encubrimientos, lo que, de comprobarse, configuraría una red criminal que se aprovechaba del poder estatal para garantizar impunidad.
Lo más alarmante no es solo la gravedad de las denuncias, sino la respuesta -o ausencia de ella- por parte de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos. La Fiscalía, el sistema judicial y los organismos de protección a la niñez han mostrado una conducta errática, marcada por dilaciones, silencios y decisiones que refuerzan la percepción de que la ley no se aplica de igual manera para todos. En un país donde miles de víctimas de violencia sexual enfrentan obstáculos casi insalvables para acceder a la justicia, la falta de acción en un caso de tan alto perfil envía un mensaje devastador.
La impunidad en este contexto no puede entenderse como un fenómeno aislado, sino como el resultado de años de cooptación institucional, subordinación de la justicia al poder político y normalización del abuso de autoridad. Cuando un líder concentra poder durante largos periodos, se debilitan los mecanismos de control y se crea un entorno propicio para los abusos, especialmente contra personas en situación de vulnerabilidad, como niñas y adolescentes.
Defender la investigación de estas denuncias no implica una condena anticipada, sino una exigencia democrática básica para que nadie esté por encima de la ley. La protección de los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y la sanción correspondiente -si así lo determina la justicia- son condiciones indispensables para reconstruir la credibilidad institucional y avanzar hacia un Estado que realmente garantice justicia.
Mientras las denuncias permanezcan sin una investigación independiente, transparente y efectiva, la sombra de la impunidad seguirá proyectándose sobre Bolivia. No se trata solo del pasado de un exmandatario, sino del presente y futuro de un país que debe decidir si el poder político puede seguir siendo un refugio frente a la ley o si, finalmente, la justicia alcanzará incluso a quienes alguna vez lo controlaron todo y que tienen cuentas pendientes por rendir porque todavía gozan de impunidad.