El reciente paro de 48 horas en el sistema público de salud de Santa Cruz volvió a castigar a miles de pacientes, como lo ha venido haciendo con alarmante frecuencia desde inicios de 2025. La historia es archiconocida: personal médico que reclama el pago de salarios, bonos y mejores condiciones de trabajo, y pacientes que deben postergar tratamientos por más de un mes, poniendo en riesgo sus vidas ante la falta de atención oportuna.
Este conflicto recurrente no es exclusivo de Santa Cruz. Los paros también se registran en las ciudades del eje troncal del país, aunque la capital cruceña lleva la delantera en esta lamentable estadística de interrupción de servicios médicos.
Podría parecer que los departamentos con menor población no tropiezan con estos conflictos, pero, para ser justos en el análisis, hay que considerar que los hospitales del eje central también deben atender a pacientes que provienen de provincias e incluso de otros departamentos. Además, estas ciudades concentran un mayor número de médicos sindicalizados —agrupados en Fesirmes y otras federaciones—, lo que les otorga mayor capacidad de presión frente a los tres niveles de gobierno que comparten la administración de los hospitales públicos.
También se ha señalado hasta el cansancio que los problemas del sector salud son estructurales. Por un lado, la implementación del Sistema Único de Salud (SUS) amplió bruscamente la demanda de consultas, cirugías y medicamentos, sin que el presupuesto, la infraestructura y el personal médico crecieran en la misma proporción. Por otro, el modelo de administración compartida entre tres niveles del Estado ha dado lugar a un sistema institucional fragmentado y financieramente tensionado en el que, al final de cuentas, las responsabilidades son, a la vez, de todos y de nadie.
Pese a esta precaria situación estructural, aún no se buscan soluciones de fondo. Estamos atrapados en el círculo vicioso de aplicar parches que apenas nos conducen al siguiente paro, donde se vuelve a exigir más de lo mismo. Como gran novedad, se menciona un proyecto de ley que pretende priorizar el derecho de los pacientes a recibir atención médica sobre el derecho del sector salud a la protesta. ¿Cómo se aplicaría una medida así? ¿Se obligaría a los médicos a atender bajo pena de sanciones si no lo hicieran? ¿Y dónde queda el derecho del personal sanitario a recibir una remuneración por su trabajo?
Por supuesto, el personal médico siempre podría mostrar mayor solidaridad y sacrificarse aún más para evitar que los pacientes sufran. En este último paro, por ejemplo, se informó que se les adeudaba apenas algo más de un mes de honorarios. ¿En serio se paraliza el sistema por un retraso relativamente corto? ¡Vamos, señores y señoras del juramento hipocrático, pónganse la mano al pecho!
Urge encontrar soluciones de emergencia a los conflictos actuales, incluso dentro del sistema fragmentado y disfuncional que hoy tenemos, porque la salud no espera. Pero también es imprescindible avanzar hacia soluciones estructurales. Una oportunidad para ello podría abrirse cuando asuman las nuevas autoridades departamentales y municipales que serán elegidas este domingo. En coordinación con el gobierno nacional, esas autoridades deberían plantearse al menos dos tareas urgentes: clarificar responsabilidades en la gestión del sistema de salud y ajustar su financiamiento para sostener el SUS.
Es momento de superar la lógica de confrontación institucional que hoy aqueja al sistema sanitario y avanzar hacia uno que proteja efectivamente la salud de la población, no solo con buena voluntad, sino con los recursos humanos, financieros y materiales que esa responsabilidad exige.