El año escolar vuelve a empezar con una historia repetida: muchas escuelas, tanto en la capital cruceña como en provincias, muestran un evidente deterioro por falta de mantenimiento. Pupitres dañados, aulas inutilizables por las goteras y servicios básicos precarios obligan a profesores y alumnos a improvisar espacios, incluso en patios o sentados en el piso para pasar clases. Para algunas autoridades, sin embargo, todo está en orden.
Es evidente que en numerosos establecimientos el mantenimiento no se realizó durante el receso escolar. O no se asigna presupuesto suficiente, o las empresas contratadas no cumplen, o simplemente alguien no está haciendo su trabajo. Lo irónico es que la infraestructura de las escuelas fiscales es tan básica que no debería requerir reparaciones complejas ni costosas: cambiar tejas, sellar grietas, pintar paredes y reponer mobiliario que ya cumplió su vida útil son tareas elementales que tendrían que estar previstas en cualquier planificación responsable.
Qué distinto sería si nuestras escuelas contaran con bibliotecas, laboratorios, salas de computación con conectividad y otros ambientes imprescindibles para preparar a los estudiantes frente a los desafíos actuales. En ese escenario, el mantenimiento tendría otra dimensión, pero valdría la pena, porque es hacia allí donde debe dirigirse la educación. No se puede hablar de calidad educativa sin espacios que la hagan posible.
Ahora que se anuncia una reforma con la nueva gestión de gobierno, resulta oportuno recordar que la infraestructura debe modernizarse al ritmo de los métodos de enseñanza y de los avances tecnológicos. Así como la educación ya no responde a esquemas del siglo pasado, tampoco las aulas reducidas a cuatro paredes desnudas podrán acompañar el salto cualitativo que se pretende. La infraestructura dejó de ser un simple refugio: hoy es parte del proceso pedagógico.
Sin duda hace falta repensar las aulas del futuro, pero mientras tanto hay que refaccionar y readecuar la infraestructura existente de la forma más creativa posible. El problema de fondo es conocido: el mantenimiento casi nunca tiene prioridad presupuestaria y suele ser más rentable inaugurar obras nuevas que cuidar las existentes. A ello se suma la ausencia de un estándar técnico nacional que defina qué debe tener una escuela digna y segura.
Otra contradicción es que Bolivia destina a la educación un porcentaje del PIB superior al de la mayoría de la región. Si el país invierte cerca del 8%, frente a un promedio latinoamericano de 4,4%, ¿por qué no logra mejores condiciones en sus escuelas? La respuesta obliga a revisar la eficacia del gasto y su distribución entre infraestructura, capacitación docente, insumos y gestión. Invertir más no siempre significa invertir mejor.
El sistema educativo necesita dar un salto cualitativo. Un plan departamental de infraestructura debería partir de diagnósticos técnicos independientes, con indicadores públicos y metas verificables. Hace falta un fondo permanente de refacción que no dependa del humor político de cada gestión y que garantice continuidad más allá de los calendarios electorales.
La discusión de fondo es qué lugar ocupa la educación en nuestras prioridades reales. Un niño que estudia en un ambiente digno aprende también el valor de lo público y del esfuerzo colectivo; uno que asiste a un edificio abandonado recibe el mensaje contrario. Si Bolivia aspira a una nueva educación, debe empezar por lo elemental: aulas donde no llueva, baños que funcionen y espacios que inspiren. El futuro no cabe en paredes humedecidas ni bajo el moho de la obsolescencia.