Por Rolando Tellería A.
El autor es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón
La vinculación de Felipe Cáceres -ex zar antidroga durante los tres gobiernos de Evo Morales- con la producción ilícita de cocaína, no solo ha sacudido la política nacional; la noticia ha trascendido al ámbito internacional, colocando a Bolivia en la órbita de los “narcoestados”.
El hombre de confianza de Morales ha sido acusado por delitos de narcotráfico. Según fuentes oficiales, en sus predios habrían encontrado un laboratorio de cristalización de clorhidrato de cocaína, con una capacidad de producción de 160 kilos por día. El encargado de todos los operativos antidroga, con poder absoluto, durante casi tres lustros, es vinculado ahora en esa ilícita actividad. Se le atribuye, además, ser el principal proveedor de químicos y precursores, ya que tendría el monopolio en toda la región del Trópico.
Su caída, en estas circunstancias extremas, genera una cadena de insoslayables preguntas. ¿Qué significa para un país que el encargado de combatir el narcotráfico sea sorprendido luego produciendo y comercializando droga? ¿Cómo se combatió realmente el narcotráfico durante todo ese tiempo? O, tan solo, se aprovecharon del monopolio del control y los operativos.
La noticia no solo pone en duda si había la verdadera intención de luchar contra el narcotráfico, sino que involucra a Bolivia y a sus ex autoridades en la actividad central del negocio. El narcotraficante uruguayo de notoriedad actual, Sebastián Marset, sería un “piojo tuerto”, en relación a la magnitud de las operaciones que estas ex autoridades habrían ejecutado, pues tuvieron toda la libertad de hacerlo. El golpe a la credibilidad del país es demoledor.
¿Cómo puede explicar Evo Morales a la comunidad internacional que en su gestión realmente se combatió al narcotráfico, si el máximo responsable resulta estar involucrado en el negocio? Según testimonios de policías, Cáceres controlaba, con mano de hierro, todos los operativos, terrestres y aéreos. Ninguna operación podía ejecutarse sin su autorización. Su poder se extendía en todos los “aeropuertos” del trópico, en particular el de Chimoré.
Si evaluamos los resultados de la lucha antidroga en los 14 años de gobierno de Morales, fácilmente podríamos colegir que, así como se multiplicaron los cultivos de coca, también se multiplicaron los laboratorios de cristalización y se consolidó a Bolivia como uno de los centros del tráfico internacional de cocaína.
Ahora, más allá del tema personal de Cáceres, inevitablemente surgen otras preguntas: ¿Qué sabía de todo esto Evo Morales? ¿Fue un ingenuo engañado por su “hombre de confianza”, o más bien, fue cómplice y beneficiario directo?
Pues bien, Felipe Cáceres no era cualquier “burócrata”: era hombre de absoluta confianza de Evo Morales, designado y ratificado por el durante 14 años. Ningún ministro o viceministro permaneció tanto tiempo en el mismo cargo. En esa relación, ciertamente, había “lealtad y recompensa”. Su poder estaba respaldado directamente por el presidente.
Irremediablemente, este caso reabre la discusión sobre si Bolivia fue y es, todavía, un narcoestado. El concepto de narcoestado no es una exageración retorica, cuando se constata que los aparatos del Estado, en vez de combatir estas actividades delincuenciales, las encubren y las protegen. Si se confirman las acusaciones del ministerio público, va a quedar absolutamente claro que el ex zar antidroga resulto ser parte activa de la cadena del narcotráfico. Si esto es así, la institución encargada de la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, durante los tres gobiernos de Evo, estuvo capturada por las mafias del narcotráfico.
Las implicaciones internacionales son enormes. Bolivia corre el riesgo de ser percibida no solo como productor en la cadena global de la cocaína, sino como un país que, bajo el paraguas del Estado, habría institucionalizado el “negocio”. Esto podría derivar en aislamiento diplomático, pérdida de cooperación, sanciones económicas y mayor estigmatización en foros internacionales. Lo más grave, sin embargo, es la total pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones. Si los altos funcionarios están involucrados, ¿qué credibilidad podría tener a futuro cualquier compromiso de la lucha contra las drogas?
El daño es enorme y trasciende lo coyuntural. El “caso Cáceres” pone en evidencia que la política antidroga del MAS y Evo Morales fue solo una burda simulación para administrar y expandir el negocio. Evo no solo lo nombró y lo mantuvo tres periodos, sino que lo blindó de críticas y sospechas.
En política, las percepciones son más poderosas que los hechos. Para la comunidad internacional, el mensaje es claro: en Bolivia, el zar antidroga era, en realidad, zar del narcotráfico. Este sello será difícil de borrar y condicionará, por largo tiempo, las relaciones exteriores y la cooperación en seguridad.
Junto a la caída de la imagen de Morales, desciende al subsuelo también la credibilidad del Estado boliviano. Si no se esclarecen responsabilidades y se asumen las consecuencias políticas, el país quedará marcado con un estigma difícil de remover. Y peor aún, sin autoridad moral para hablar de legalidad, transparencia o soberanía.
Bolivia se enfrenta, como nunca antes, a la necesidad de una catarsis institucional. La lucha contra el narcotráfico no puede seguir siendo un discurso vacío ni una pantalla de encubrimiento. O el país rompe de una vez con las prácticas de tolerancia y complicidad, o quedará atrapado para siempre en la etiqueta de narcoestado.
* Rolando Tellería A. es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Simón