Las muertes que dejó el bloqueo evista no son una anécdota ni son consecuencia de las “justas demandas del pueblo boliviano”. Hay que tener claro que son asesinatos y que han sido perpetrados por organizaciones criminales armadas que están operando en más de un territorio del país, en demanda de que se habilite como candidato a la Presidencia a Evo Morales.
En el Movimiento Al Socialismo y sus actuales derivados existe la práctica de empaquetar los hechos con relatos que, a fuerza de repetición, pretenden instalarse como verdades, como aquello de que en Bolivia no hubo fraude sino golpe. Ahora los evistas intentan culpar a los policías por los crímenes, cuando los muertos fueron los mismos policías.
Pero las señales que se ponen en evidencia van más allá de los relatos. El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, admitió en una entrevista en el programa Qué semana de El Deber Radio (https://www.facebook.com/eldeberradio/videos/1781973785718076/) que aún no se ejecuta la orden de aprehensión contra Evo Morales porque él está rodeado de gente que lo protege con personas armadas y también dijo tener información de que hay extranjeros como parte de su seguridad. Afirmó que existe el riesgo de perder vidas humanas en un operativo de captura. A ello sumó que se ha tomado la decisión de replegar a los policías que están en Chapare por ese mismo peligro.
Con esto es lógico concluir que esa zona se consolida como un territorio sin Estado, que por cierto no es el único. Estos días reflotó la historia de una comunidad llamada México Chico, que está cerca de la frontera con Chile, de la que ya se sabía que operaba con actividades delictivas de narcotráfico y vía libre para vehículos robados procedentes del vecino país, que también es territorio sin Estado (https://eldeber.com.bo/pais/mexico-chico-el-pueblo-donde-el-narco-y-los-autos-robados-pasan-sin-control_332552/).
Lo dicho por la máxima autoridad del orden interno es sumamente grave. Y a Evo Morales le está funcionando la estrategia de sembrar el miedo para quedar en la impunidad. Desde su feudo da instrucciones y también amenaza públicamente a los poderes constituidos en una lógica que ya es inadmisible.
A lo anterior se suma la renuncia del ministro de Justicia, César Siles. Él argumenta que hay rumores que pueden manchar su trayectoria en el servicio público. Esto es algo que debe ser explicado con claridad, porque estamos hablando de un dignatario de Estado que debería tener el respaldo gubernamental y dar la talla para que ningún rumor logre tumbarlo. Sin embargo, el presidente Luis Arce le aceptó la dimisión, dejando otra señal inquietante para el país.
Aunque no lo afirma, el ministro de Gobierno admite tener información de que los bloqueos y los ataques contra policías y civiles pueden estar financiados con dinero de actividades ilegales. Y ese es otro elemento que genera honda preocupación por el poder político y social que pueden estar acumulando las organizaciones criminales en Bolivia.
Todo esto plantea un escenario de extrema gravedad en el momento preelectoral que vive el país. La semana que culmina acaba con al menos seis personas asesinadas de forma brutal, unas con disparos certeros que pueden haber sido ejecutados por francotiradores, pero también con ataques salvajes que llegaron al extremo de hacer explotar una dinamita en el cuerpo de un uniformado y de golpear hasta la muerte a un comunario en medio de los bloqueos.
Esa brutalidad no era algo que se hubiera podido prever, como tampoco se sabe hasta dónde puede llegar la irracionalidad y la barbarie. Cabe entonces preguntarse si los representantes de las instituciones llamadas a resguardar las elecciones pueden actuar a cabalidad y con seguridad o si los candidatos con posibilidades de ganar este proceso tienen la vida garantizada.
Para el Gobierno, un operativo de captura no justifica la pérdida de vidas humanas. Pero, a la vez, la impunidad de Evo Morales abre la puerta a otros hechos ilegales sin castigo.
El presidente debe gobernar con todas las atribuciones que le da la Constitución Política del Estado. Si la Policía ha sido rebasada por los criminales armados, es coherente pensar que las Fuerzas Armadas intervengan porque está en peligro la seguridad nacional, más aún si se confirma lo insinuado por el ministro, que hay extranjeros participando en estas acciones irregulares.
Éste es un momento de inflexión. Hacer algo frente a las organizaciones irregulares y delictivas marcará un rumbo, pero no hacer nada también abrirá un surco de dolor y muerte.
La realización de las elecciones nacionales es un objetivo claro, así como es la necesidad de reencauzar la economía. Pero, más allá de todo esto, es preciso que el presidente y sus ministros den la talla para impedir que Bolivia se convierta en territorio libre para narcotraficantes y terroristas.