El llamado del presidenciable Manfred Reyes Villa al electorado a votar por una candidatura con posibilidades reales —para poner orden e implementar una terapia de shock económico profesional— es un baldazo de realidad para quienes, a estas alturas, todavía creen que la “unidad” se logra juntando siglas como figuritas repetidas de un álbum. Las famosas “juntuchas” solo sirven para extorsionar, traficar intereses y regalarle la victoria al adversario político.
Como Giovanni Sartori advirtiera en Parties and Party Systems: en sistemas fragmentados como el actual, el votante que coordina su voto hacia el candidato viable tiene más poder que diez mesas de negociación llenas de dirigentes o jefes de campaña con café frío. La “responsabilidad electoral” no se firma en un acuerdo político, se la ejerce cívicamente frente a la papeleta; y, con el antecedente de los últimos fraudes en Bolivia, se protege durante todo el proceso electoral mediante un control efectivo del voto.
Más allá de encuestas, votaciones digitales y otros estudios demoscópicos, hay un hecho político que se siente en las calles: la unidad no está entre siglas ni dirigencias, sino en el pueblo. A días del 17A, el electorado se ha cohesionado en torno a una certeza común: Sabe por quiénes no votar—por ninguna de las expresiones del zurdaje languideciente que provocó la mayor multicrisis de la historia boliviana—.
Esta unidad del electorado es singular: no se articula en torno a una sola candidatura, sino en un nuevo sentido común de rechazo al modelo empobrecedor y criminal que parasitó del Estado dos décadas. Se refleja en la preferencia distribuida entre tres fuerzas opositoras que, juntas, podrían acumular más del 51% del total, conformando una mayoría republicana inédita, y hasta pasando dos de ella al balotaje.
Ahora bien, que tres fuerzas de oposición lleguen concentrar la preferencia tras 20 años no es un problema; al contrario, es saludable para la democracia representativa después de la hegemonía “Evocrática” y su “rodillo” parlamentario. Obliga a coexistir en base a consensos pragmáticos, donde el criterio de Bloque Político y el debate tengan protagonismo y viabilicen un cogobierno como solución política para transformar Bolivia en el menor tiempo posible.
Su mayor ventaja frente a la adhesión exclusiva a un solo nombre es que reduce el riesgo del caudillismo, amplía la representatividad, fortalece la gobernanza y redistribuye la responsabilidad. No se trata de delegar el futuro del país a una sola opción, sino de consolidar un Bloque democrático capaz de superar la crisis sin quemar la legitimidad y respaldo social de arranque, bajo los principios de la democracia liberal: equilibrio de poderes/rendición de cuentas, instituciones por encima de caudillos y ciudadanía activa como garante de la libertad.
Finalmente, el reiterado empate decimal entre dos candidaturas que trató de posicionarse por medio de cuestionadas encuestas ajenas a la realidad de la calle, lejos de generar un efecto de “voto útil”, tiende a paralizar al electorado indeciso. Cuando la diferencia es tan mínima y se repite en distintos ejercicios demoscópicos —especialmente en encuestas sociométricamente inconsistentes que alimentan la desconfianza ciudadana—, el mensaje que reciben los indecisos no es el de una alternativa competitiva y claramente posicionada, sino el de un empate técnico crónico. Este escenario diluye el incentivo estratégico de concentrar el voto en uno de los dos principales contendores y abre espacio para la dispersión hacia candidaturas que hicieron figurar como “terceras” (dentro del espectro del centro-derecha), así como hacia el voto en blanco o la abstención.
De consiguiente, sin caer en inducciones, la verdadera unión yace en el pueblo/elector, que ya sabe a quién enterrar políticamente -a través del voto- para poder renacer como República libre e independiente. El 17A, el mandato es definitivo: certidumbre para gobernar, libertades para vivir… ¡y el zurdaje, nunca más!