A más de un año de la intervención del Banco Fassil por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), los efectos del colapso de esta entidad bancaria no solo persisten en el ámbito económico y judicial, sino que se han vuelto visibles en el paisaje urbano de la ciudad. Aunque algunos inmuebles del Fassil fueron traspasados a otras entidades bancarias, otros, en número considerable y que en su momento fueron símbolos de solvencia, modernidad y expansión financiera, se encuentran abandonados, con sus vidrios rotos, letreros desvencijados y estructuras deterioradas en medio de la maleza y la basura, atentando contra el ornato público y proyectando una imagen de decadencia que preocupa y molesta a la ciudadanía.
Santa Cruz de la Sierra, ciudad pujante y de rápido crecimiento, procura construir su mejor reputación sobre una base de modernidad, emprendimiento e innovación. Sin embargo, el panorama citadino actual, salpicado por los locales en estado deplorable de lo que fue el Banco Fassil, representa una contradicción que no puede seguir ignorándose. Estos edificios distribuidos en zonas estratégicas y de alto tránsito de la urbe ñuflense, no solo afean el entorno, sino que generan inseguridad, se convierten en potenciales focos de vandalismo e incluso de ocupaciones irregulares.
La responsabilidad principal recae, sin duda, sobre la administración de los bienes en proceso de liquidación. La ASFI, como ente regulador, ha tenido que enfrentar el desafío mayúsculo de intervenir y liquidar una de las entidades financieras más grandes del país. Sin embargo, su labor no puede limitarse únicamente al ámbito técnico-financiero. Existe una dimensión urbana y social que no ha sido debidamente atendida: la del impacto visual, simbólico y funcional que tiene el estado actual de estos inmuebles en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Los exlocales de Fassil, con sus características fachadas acristaladas, hoy cubiertas de polvo, papeles viejos y grafitis, representan más que una entidad quebrada; se han convertido en recordatorios permanentes de un fracaso institucional que no ha sido resuelto del todo. Los que en su momento fueron centros de atención bancaria modernos y altamente visibles, ahora son puntos muertos que contrastan con el dinamismo de las zonas donde se ubican.
El ornato público es un valor colectivo que debe ser protegido. No se trata solamente de estética, sino de respeto al espacio común, a la imagen de la ciudad y al bienestar de quienes la habitan. Un entorno urbano descuidado deteriora la calidad de vida, genera percepciones negativas en los visitantes y afecta incluso la actividad comercial de sus alrededores. Por ello, urge que las autoridades, tanto nacionales como locales, actúen de manera coordinada para dar solución a este problema.
¿Qué alternativas existen? La ASFI, como administradora de los bienes en liquidación, debería priorizar la venta o cesión temporal de estos inmuebles, buscando que sean reutilizados por otros actores públicos o privados. Otra vía posible es la intervención de los gobiernos municipales, quienes podrían gestionar y/o exigir medidas de mantenimiento mínimo o limpieza, ya sea con cargo a los responsables o mediante mecanismos legales que protejan el interés común.
No se puede esperar indefinidamente a que los procesos judiciales y de liquidación concluyan para actuar. La ciudad no debe pagar los platos rotos de una mala gestión financiera. La recuperación y reutilización de estos espacios debe ser tratada como una prioridad no solo económica, sino también urbana y social.
La capital cruceña no puede permitir que su imagen se vea manchada por la desidia. Las cicatrices que dejó Fassil no deben permanecer abiertas, visibles y supurantes en el corazón de sus calles y avenidas. Urge una solución responsable, transparente y ágil que permita pasar la página, recuperar estos espacios y devolverle a la urbe el respeto que merece.