Tomy Prez Alcoreza
El pasado 15 de diciembre, Bolivia vivi nuevamente un proceso trascendental: la eleccin de magistrados a los ms altos tribunales de justicia del pas el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, un mecanismo que, bajo la Constitucin Poltica del Estado, se realiza por voto popular. Esta es la tercera vez que los bolivianos acuden a las urnas para decidir el futuro de la justicia, un ejercicio democrtico que, en teora, debera ser una herramienta para fortalecer la institucionalidad y garantizar un sistema judicial ms justo y transparente.
Sin embargo, esta eleccin estuvo marcada por dudas y cuestionamientos desde su inicio. La Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de la preseleccin de candidatos segn el numeral 5 del Pargrafo I del Artculo 158 de la CPE, enfrent crticas por las metodologas aplicadas y los perfiles seleccionados. La percepcin ciudadana es clara: muchos de los postulantes no cumplen con los estndares de idoneidad y mrito necesarios para ocupar funciones tan altas y delicadas.
El rechazo ciudadano se hizo evidente en las urnas. Los altos porcentajes de votos nulos y blancos no solo representan una desaprobacin al proceso, sino tambin un grito de frustracin ante un sistema que parece ignorar las demandas de una poblacin cansada de la ineficiencia y los vicios que han debilitado la justicia en Bolivia.
A esto se suma una deficiente socializacin de los perfiles de los candidatos, tarea que recae en el rgano Electoral. Gran parte de los votantes acudi a las urnas sin informacin suficiente, sintiendo que su decisin careca de impacto real en el futuro del sistema judicial.
Este panorama evidencia que, si bien la eleccin popular de magistrados es un mecanismo innovador y potencialmente transformador, su implementacin ha sido deficiente. La falta de transparencia y participacin efectiva ha desvirtuado un proceso que debera ser una oportunidad para fortalecer la confianza en la justicia.
Es urgente un cambio. Bolivia no puede permitirse seguir perdiendo la esperanza en uno de los pilares fundamentales de la democracia: la justicia. La solucin no pasa nicamente por ajustes cosmticos al proceso electoral, sino por una revisin profunda que podra implicar modificaciones a la Constitucin. Un camino sera ampliar la participacin en la preseleccin de candidatos, incluyendo a universidades, colegios de profesionales y otros actores de la sociedad civil, para garantizar que los postulantes sean evaluados de manera tcnica, imparcial y meritocrtica.
Este ao, la poblacin expres su descontento de manera contundente. Ahora, corresponde a las autoridades escuchar este clamor y actuar con responsabilidad y compromiso. La justicia no puede seguir siendo un terreno de disputa poltica ni un escenario de improvisacin. Bolivia merece un sistema judicial digno, transparente y capaz de responder a las demandas de su pueblo.