La decisión del gobierno de Rodrigo Paz Pereira de reordenar los feriados nacionales para garantizar nueve fines de semana largos a lo largo del año debe analizarse con menos consignas y más sentido práctico. No es una política pensada para “descansar más”, sino para mover la economía interna en un país donde miles de familias viven directa o indirectamente del turismo. Viajar dentro de Bolivia significa activar transporte, hotelería, gastronomía, comercio y servicios, en regiones que muchas veces no reciben inversión pública suficiente y dependen del flujo de visitantes para sostenerse.
La idea no es nueva ni improvisada. Países vecinos, como Argentina, aplican desde hace años esquemas de fines de semana largos como política pública deliberada. Los resultados han sido positivos: mayor ocupación hotelera, desestacionalización del turismo y generación de empleo, especialmente en economías regionales. Bolivia comenzó a ensayar esta estrategia con los feriados de Navidad y Año Nuevo, anunciados con escasa anticipación. Aun así, el impacto fue significativo y permite una primera evaluación basada en datos, no en intuiciones.
Según información oficial difundida por el Ministerio de Turismo, esos dos fines de semana largos generaron un movimiento económico superior a Bs 420 millones, con más de 1,2 millones de viajes internos registrados en todo el país. La ocupación hotelera superó el 70% en destinos consolidados y el gasto promedio por visitante mostró un repunte frente a periodos anteriores. Son cifras relevantes para una economía que necesita fuentes rápidas de dinamización, sin recurrir a mayor endeudamiento ni a subsidios difíciles de sostener.
Pero el turismo no prospera solo con feriados bien diseñados. La condición básica es la seguridad y la previsibilidad. Un país atractivo es, ante todo, un país donde se puede circular libremente. En sentido contrario, la conflictividad permanente tiene un efecto devastador sobre la imagen nacional. El último bloqueo promovido por la ilegítima cúpula de la Central Obrera Boliviana obligó al Estado a desplegar operativos para rescatar turistas retenidos en Uyuni y Copacabana. Los testimonios de los viajeros, muchos de ellos extranjeros, fueron elocuentes y desalentadores: “como para no volver”.
Ese daño no se mide solo en pérdidas inmediatas. Cada episodio de bloqueo erosiona la confianza, multiplica advertencias en redes sociales y plataformas de viaje, y coloca a Bolivia en el radar de destinos riesgosos. Ninguna campaña turística, por ambiciosa que sea, puede competir contra imágenes de turistas varados, carreteras cerradas y ausencia de garantías mínimas. Apostar al turismo implica, también, asumir que el derecho a la protesta tiene límites cuando vulnera derechos básicos y afecta una actividad estratégica para el país.
A ello se suma el desafío de los servicios y la planificación. Hay destinos que han desarrollado capacidades y ofrecen experiencias positivas, como Samaipata o la Chiquitania, donde el crecimiento turístico se sostiene por inversión privada, organización local y buen trato al visitante. En contraste, existen eventos y destinos que cada año quedan pequeños frente a la demanda. El Carnaval de Oruro, es deslumbrante su dimensión folclórica, y cultural, pero aún debe superar limitaciones de capacidad, servicios saturados y problemas logísticos que terminan afectando la experiencia.
La conclusión es inevitable. El turismo es una gran fuente de recursos, con un efecto multiplicador alto y capacidad de generar empleo directo e indirecto en todo el territorio. Su potencial puede ser incluso mayor que el de recursos naturales agotables. Tarija lo demuestra: a la declinación del gas le siguió un auge turístico que reconfiguró su economía. Apostar por el turismo exige hacerlo en serio: país amigable, carreteras expeditas, seguridad y servicios no solo buenos, sino excelentes. El turista debe querer volver; y ojalá, elegir Bolivia como destino definitivo.