Bolivia no enfrenta únicamente una crisis económica o política. En realidad, atraviesa una crisis más profunda: la ruptura entre el Estado y la sociedad. El síntoma es evidente y cotidiano: más poder concentrado, más normas y discursos, pero menos resultados concretos para la gente común.
Durante años se sostuvo que un Estado grande y centralizado resolvería nuestras desigualdades. Sin embargo, la experiencia demuestra lo contrario. Un Estado que intenta controlarlo todo termina siendo ineficiente, lento y distante. Cuando el poder se concentra, la libertad se reduce; cuando las decisiones se toman lejos del ciudadano, la democracia se debilita.
Hoy el ciudadano boliviano vota, pero no decide. Trabaja, pero no progresa. Cumple sus obligaciones, pero rara vez es escuchado. Estas no son percepciones aisladas, sino señales claras de que el sistema político no está funcionando como debería. El problema no es la ausencia de leyes o instituciones formales, sino un diseño que ha sustituido la participación ciudadana por el control estatal.
El diagnóstico de fondo es claro: el centralismo ha enfermado al país. No porque la unidad nacional sea un error, sino porque gobernar desde lejos, sin comprender la realidad del territorio, produce políticas públicas ineficaces y frustración social. Cuando el Estado pretende reemplazar a la sociedad, debilita su energía creadora y abre espacio al autoritarismo y la corrupción.
Frente a este escenario, Bolivia necesita iniciar un nuevo ciclo político: el Gobierno de los Ciudadanos. No se trata de una consigna ni de una moda, sino de un enfoque que devuelve el poder a su origen legítimo: las personas.
Gobierno de los Ciudadanos significa ciudadanos activos, responsables y organizados, que no solo eligen autoridades, sino que participan, controlan y deciden. Implica pasar de una democracia meramente electoral a una democracia viva, donde el ciudadano deja de ser espectador y vuelve a ser protagonista del rumbo colectivo.
En este marco, la autonomía no es un problema, sino parte esencial de la solución. La experiencia cruceña lo demuestra con claridad. Las regiones gestionan mejor cuando cuentan con capacidad real de decisión política, administrativa y fiscal. La autonomía acerca el poder a la gente, ordena la gestión pública y fortalece la unidad nacional desde la diversidad.
Este nuevo ciclo también exige redefinir el rol del Estado. El Estado es necesario, pero debe tener límites claros. Su función es garantizar derechos fundamentales, asegurar una justicia independiente, brindar seguridad jurídica y coordinar políticas estratégicas. No debe sustituir a la sociedad, controlar la economía productiva ni concentrar decisiones que pueden resolverse mejor en el territorio.
La democracia, para ser plena, necesita república. Y la república existe precisamente para limitar el poder y proteger al ciudadano. Sin separación real de poderes, sin instituciones sólidas y sin control ciudadano efectivo, la democracia se vacía de contenido y se vuelve vulnerable al abuso.
Bolivia necesita ciudadanos, no clientes; instituciones, no caudillos; autonomía, no centralismo; república, no concentración de poder. El desarrollo y la riqueza no los crea el Estado desde un escritorio, los crean las personas que trabajan, producen y emprenden cuando cuentan con reglas claras y libertad para hacerlo.
El pronóstico es claro. Con ciudadanos activos, regiones empoderadas y un Estado al servicio de la sociedad, Bolivia puede recuperar su rumbo. No es una utopía ni un salto al vacío. Es, simplemente, volver a poner al ciudadano en el centro de la vida pública.
Porque ya no se trata de gobiernos sobre los ciudadanos, sino del Gobierno de los Ciudadanos.