José Luis Contreras C.
Los candidatos presidenciales Rodrigo Paz y Jorge Quiroga proponen un cambio de modelo económico basado en gran parte en reformas internas y la consecuente Inversión Extranjera Directa (IED). Sin embargo, a pesar de la importancia de este pilar en sus programas, ninguno ha cuantificado la IED que proyectan atraer. Sus anuncios de IED son, enunciativos y aspiracionales.
Basándose en las reformas de su Plan Bicentenario, la Fundación Milenio proyecta una inversión privada de US$20 mil millones en el periodo 2026-2030 de los cuales una gran parte corresponderían a tres sectores estratégicos: hidrocarburos, minería y litio.
La reciente experiencia argentina con las IEDs—con una economía 13 veces más grande que la boliviana—nos brinda algunos parámetros de expectativas vs realidades en los ya 21 meses del gobierno de Milei y de las agresivas reformas internas promercado que ha promovido.
En el gobierno de Milei, según cifras del Banco Central de la República Argentina, la IED ha registrado un saldo negativo: ha salido más capital del que ha entrado. Esto, no obstante haberse reducido el riesgo país a un tercio del original cuando asumió: 700 puntos básicos vs 2100.
La principal razón de esta caída ha sido la remisión de utilidades de las empresas extranjeras que ya operan en Argentina a sus casas matrices cuando se sinceró el tipo de cambio después de años de la ficción de un tipo de un cambio controlado e irreal como el actual en Bolivia.
En Bolivia, la unificación del tipo de cambio podría causar repatriaciones, sin embargo, su efecto sería significativamente más bajo que en Argentina porque la actual inversión extranjera es mínima. La pregunta pertinente para el caso argentino, sin embargo, es ¿por qué las empresas extranjeras no reinvirtieron las utilidades que ya las tenían en Argentina más aun ahora que las reglas de juego han cambiado y mejorado a su favor al ser, ahora, promercado?
La principal razón de esa no inversión, que también sería aplicable a Bolivia, es por la fragilidad política del partido de gobierno y la duda si se podrá garantizar gobernabilidad a partir de las elecciones legislativas de este octubre y la continuidad del modelo a partir de las próximas elecciones presidenciales.
No obstante, esta limitante, con la aprobación de su Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en julio de 2024, Argentina ha tomado la delantera en la captación de capitales. A la fecha, este régimen ya ha asegurado compromisos por más de US$13mil millones, enfocados en los tres sectores que también apuntaría Bolivia: hidrocarburos (US$10 mil millones) y minería y litio (US$3 mil millones) que empezarán a impactar la economía argentina a partir del 2026.
La competencia por la IED en la región se ha intensificado. Con Argentina ofreciendo un plazo de hasta tres años más para inscribirse en su atractivo régimen RIGI, Bolivia deberá definir urgentemente su propuesta de valor.
Para competir eficazmente con Argentina, Chile, Perú y otros países, una de las primeras condiciones que Bolivia debe abordar es eliminar el texto del artículo 366 de su Constitución que prohíbe el arbitraje internacional para inversiones en hidrocarburos, para que potenciales inversores si quiera consideren al país en este rubro estratégico.
Para poner cifras en perspectiva, en el 2024, países de larga trayectoria de captar IED como Brasil, Chile y Perú, tuvieron una IED anual del 3%, 3,8% y 2,8% de su PIB respectivamente. Según el Banco Mundial, el PIB actual de Bolivia es US$50 mil millones, con lo que una política de IED exitosa, a la par de los tres países mencionados, equivaldría a una inversión anual de hasta US$2 mil millones anuales, o sea, en el mejor de los casos, US$10 mil millones en el periodo 2026-2030: o sea solo el 50% de lo estimado por Milenio.
Para competir eficazmente por la IED con estos u otros países, Bolivia debe actuar en dos frentes. Primero, debe establecer condiciones explícitamente competitivas, para generar la certeza jurídica que los inversores requieren. Segundo, el presidente deberá articular un consenso político creíble para dar señales de una alta probabilidad que estas medidas no serán derogadas por el próximo gobierno.