Luego de la asunción de Rodrigo Paz y el fin del régimen masista, el año 2026 será decisivo en la política boliviana. De su desenlace, dependerá la estabilidad económica y política, después de dos décadas de un pernicioso populismo. O, por el contrario, nos estancamos e ingresamos a una nueva espiral de conflictividad y convulsión. El escenario que, precisamente, hoy, está propiciando Evo Morales.
Más allá de las elecciones subnacionales y sus resultados, los escenarios que se perfilan están directamente vinculados a la economía; a la consolidación de las “reformas” económicas adoptadas a fines del 2025, con el Decreto Supremo 5503. Esto, ciertamente, dependerá de la capacidad del gobierno de administrar presiones sociales -sobre todo, sindicales- en contra de las reformas. Es la resistencia de toda la estructura de poder prebendal-corporativa al cambio de ciclo. La batalla será decisiva.
Salvando las distancias, el Decreto 5503, en su espíritu, tiene la esencia del Decreto 21060 de agosto de 1985. Se trata de no gastar más de lo que se tiene. Eliminar el gran déficit fiscal, la raíz de todos los males. En ese sentido, la eliminación de la subvención a los combustibles, es la medida más importante. No se trata de un ajuste coyuntural, es, más bien, una corrección estructural postergada por su alto costo político. De sus efectos dependerá el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Obviamente, en el corto plazo, la eliminación de la subvención genera agudas tensiones: incremento de costos, presiones inflacionarias y malestar social. En el mediano plazo, sin embargo, el ajuste permitirá reducir el déficit fiscal, aliviar la sangría de divisas y desmontar uno de los principales focos de corrupción y contrabando de las últimas décadas. El dilema del 2026 será, entonces, político: sostener una decisión impopular pero necesaria o ceder a las presiones corporativas.
La inflación, los combustibles y los dólares, seguirán siendo los ejes centrales. La inflación provocada por el retiro de la subvención, aunque contenida en términos comparativos, tendrá un impacto directo en los sectores de ingresos fijos. Los dólares y el comportamiento de su precio, a su vez, serán las señales importantes de la estabilidad económica. Si el tipo de cambio en el mercado paralelo -que es el que rige en la economía- se estabiliza en el orden de los 10 bolivianos, será un éxito. El mercado de combustibles, por otra parte, exigirá una gestión eficiente para evitar desabastecimiento y especulación. Los primeros resultados, ya se pueden observar. Comunicar los logros y beneficios del ajuste será de fundamental importancia. Se debe evitar improvisaciones y sostener una eficiente narrativa de responsabilidad fiscal.
No obstante, los mayores riesgos del 2026 y los factores de ingobernabilidad, no provienen únicamente de la economía. El primero -y el más complejo- es Evo Morales y su red prebendal corporativa que construyó durante su largo paso por el poder. Todavía, comanda y articula una estructura sindical y clientelar que ahora tiene que sobrevivir sin el Estado.
Cuando sus intereses son amenazados, como en el presente, Morales activa a la Central Obrera Boliviana (COB). Sus dirigentes, los “nuevos ricos azules” del proceso de cambio, desvirtuando su esencia, son utilizados como brazos operativos.
Bajo el pretexto de derogar el Decreto 5503, está claro que Evo Morales y su entorno quieren convulsión social. No se trata de una demanda económica genuina, sino de una estrategia política: erosionar al gobierno, recuperar centralidad y ser nuevamente candidato. Ese es su sueño. El discurso es conocido —“defensa del pueblo”, “medidas neoliberales”, “traición”—, pero el objetivo es claro: desestabilizar.
El desafío del gobierno será mantenerse firme en el espíritu de las reformas: el fin de la subvención. Ceder significará reabrir la irresponsabilidad fiscal, con efectos sistemáticos en el precio del dólar y los índices de inflación. Sostener la medida implicará enfrentar las movilizaciones que estamos viviendo ahora y quizá futuros bloqueos. El 2026 será, en ese sentido, una gran prueba a la capacidad de gobernar del nuevo presidente.
El segundo factor de ingobernabilidad, paradójico e inédito, es interno y radica en la naturaleza intrínseca del vicepresidente. El denominado “Tiktoker díscolo”, que se declaró opositor a los pocos días de asumir funciones, representa una anomalía política. El desafío de Paz es neutralizarlo. Mientras no logre aquello, será una amenaza permanente.
Su conducta, mediática-digital, confrontacional, debilita la acción del gobierno. Genera incertidumbre e ingobernabilidad. Mientras actúe como opositor, el gobierno estará obligado a destinar energías a la contención en lugar de concentrarse en la gestión.
Así, el escenario del 2026, a nivel nacional, estará atravesado por una doble tensión: por afuera, la presión de Evo Morales y las estructuras corporativas; por adentro, los desarreglos psíquicos del vicepresidente. Ambos factores convergen en un mismo riesgo: bloquear la consolidación de la estabilidad económica.
Sostener las reformas y enfrentar los costos políticos es el desafío del gobierno. En política como en economía, la estabilidad no se improvisa: se construye.