La identificación de 14 empresas públicas inviables que le costaron al Estado boliviano la friolera de 2.205 millones de dólares no es solo una cifra escandalosa. Es la radiografía de un modelo de gestión agotado, sostenido más por el discurso político falso y demagógico que por resultados reales. Emapa, EBA, BoA, Quipus, Mutún y otras empresas creadas durante la prolongada gestión gubernamental del masismo, bajo la promesa de soberanía productiva y desarrollo industrial, terminaron convertidas en símbolos auténticos del despilfarro, la corrupción e ineficiencia estructural.
El caso de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) es especialmente revelador. La corrupción alcanzó a todos los niveles, desde los cajeros hasta la gerencia. El Ministerio de la Presidencia la situó entre las 14 ‘empresas inviables’ en el país y suman una veintena las personas vinculadas a Emapa que están siendo investigadas por enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado. De las 22 plantas industriales construidas con recursos públicos, solo nueve están en funcionamiento, y muchas lo hacen por debajo de su capacidad instalada. De acuerdo a informes oficiales a los que tuvo acceso este medio de comunicación, el resto permanece como infraestructura ociosa, elefantes blancos que no generan valor, empleo sostenible ni retorno social. La pregunta es inevitable: ¿cómo se justificó semejante inversión sin estudios de mercado sólidos, sin planificación logística y sin una evaluación técnica independiente?
Este patrón se repite en el resto de las empresas estatales inviables. Boliviana de Aviación (BoA), lejos de consolidarse como una aerolínea competitiva, acumuló pérdidas por una mala administración, decisiones políticas y una estructura inflada. Quipus, concebida para impulsar la industrialización tecnológica, nunca logró competir en precio ni calidad. El Mutún, presentado durante décadas como la gran promesa siderúrgica, avanzó lentamente entre sobrecostos, retrasos y contratos cuestionados. En todos los casos, el denominador común es el mismo: proyectos diseñados para el relato, no para la realidad económica.
Detrás de estas cifras hay un problema más profundo que tiene que ver con la ausencia absoluta de rendición de cuentas. Durante años, las empresas públicas operaron como espacios blindados al control ciudadano, con auditorías tardías o irrelevantes, directorios politizados y gerencias designadas por lealtad antes que por mérito. La corrupción -abierta o encubierta- encontró terreno fértil en estructuras opacas donde el fracaso nunca tuvo consecuencias personales.
El costo de este modelo no se mide solo en millones de dólares perdidos. Se mide en hospitales que no se construyeron, en carreteras inconclusas, en educación y salud subfinanciadas. Cada planta abandonada, cada empresa deficitaria sostenida artificialmente, representa una oportunidad perdida para el desarrollo real del país y el beneficio de los ciudadanos bolivianos.
Reconocer la inviabilidad de estas empresas es un primer paso, pero insuficiente. Bolivia necesita una revisión profunda de su política empresarial estatal para decidir con criterios técnicos dónde el Estado debe participar, bajo qué condiciones y con qué mecanismos de control. Persistir en sostener estructuras fallidas por razones ideológicas solo prolongará el cuantioso daño provocado.
La lección es clara y debe ser asimilada sin rodeos. El desarrollo no se decreta ni se inaugura con cintas y discursos. Se construye con planificación, transparencia y eficiencia. Todo lo demás es propaganda y factura impaga para los bolivianos.