Los casos de Emapa y Fondioc se han convertido en símbolos abominables y vergonzosos de una corrupción estructural que marcó la prolongada gestión gubernamental del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia. No se trata de episodios aislados ni de meras “desviaciones administrativas”, como en su momento se intentó minimizar desde las instancias del poder, sino de esquemas consolidados del despilfarro millonario de recursos públicos que lesionaron la confianza ciudadana y desnudaron la fragilidad de los mecanismos de control del Estado.
En ambos procesos, dos exministros se encuentran hoy privados de libertad, un hecho que, aunque relevante, dista mucho de significar que la justicia haya llegado a puerto seguro. El encarcelamiento de altas exautoridades confirma la magnitud de los hechos investigados, pero también deja en evidencia que el entramado de responsabilidades es mucho más amplio. Empresas, intermediarios, operadores políticos y técnicos que facilitaron o encubrieron los desvíos siguen, en muchos casos, al margen del banquillo de los acusados. El tránsito investigativo aún es largo y complejo, y el riesgo de que los procesos se diluyan en el tiempo -como sensible e inevitablemente ha ocurrido tantas veces- sigue latente, aunque el presidente Rodrigo Paz ha anunciado una lucha frontal contra la corrupción para que sus actores, que no son pocos, rindan cuentas y paguen por el saqueo de las arcas del Estado.
Emapa, concebida como una empresa para garantizar la seguridad alimentaria de los bolivianos y apoyar a los pequeños productores, terminó convertida en un foco de presuntas compras irregulares, contratos inflados y manejo discrecional de fondos. Fondioc, por su parte, nació con la promesa de fortalecer a las comunidades indígenas y campesinas, pero acabó siendo sinónimo de proyectos fantasmas, desembolsos sin respaldo y una red de corrupción que operó durante años bajo el amparo político. En ambos casos, el daño no fue solo económico habida cuenta de que se traicionó a sectores sociales que eran presentados como la razón de ser de estas instituciones.
El clamor ciudadano es claro y persistente para que todos los responsables, sin excepción ni privilegios, rindan cuentas ante la justicia y purguen sus penas tras procesos transparentes y justos, como corresponde. No se trata de una venganza política ni de ajustes de cuentas, sino de una exigencia básica de un Estado de derecho. La lucha contra la corrupción pierde toda credibilidad cuando se convierte en selectiva, cuando castiga a unos pocos y protege a otros por afinidad partidaria o conveniencia coyuntural.
Este reclamo se vuelve aún más urgente cuando la memoria colectiva trae a colación la muerte de Marco Aramayo, exdirector del Fondioc. Aramayo fue objeto de una persecución sañuda y despiadada por haber osado enfrentar y denunciar a los corruptos desde el interior del sistema. Más de doscientos procesos en su contra, detenciones reiteradas, un deterioro progresivo de su salud y, finalmente, una muerte que pudo y debió haberse evitado, constituyen una herida abierta en la conciencia nacional. Su caso simboliza la inversión perversa de valores que convirtió al denunciante en reo, mientras los verdaderos beneficiarios del saqueo gozaban de poder e impunidad. Lo ocurrido con Aramayo seguirá recordándonos el alto precio que se paga cuando el Estado persigue a quien denuncia y protege a quien roba.
Hablar de Emapa y Fondioc es, por tanto, hacerlo de una deuda pendiente con la justicia y con la verdad. Bolivia necesita que estos casos lleguen hasta las últimas consecuencias, no solo para sancionar el pasado, sino para sentar precedentes que impidan la repetición de estos abusos. Sin justicia plena, sin reparación moral y sin reformas profundas en la gestión pública, la corrupción seguirá siendo una sombra que amenaza cualquier proyecto de país en beneficio de los bolivianos y no para llenar los bolsillos de funcionarios públicos inescrupulosos.