El Gobierno Electrónico en Bolivia se presenta como una promesa de modernización y eficiencia en la administración pública. Sin embargo, en la práctica, los ciudadanos enfrentan una realidad donde la burocracia persiste, y las herramientas digitales no cumplen con las expectativas de simplificación y agilidad.
La Constitución Política del Estado establece, en su Artículo 103, la importancia del desarrollo científico y tecnológico. Complementando este mandato constitucional, con la Ley Nº 164, Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, en su Artículo 2 establece los objetivos de garantizar el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como al servicio postal.
El Decreto Supremo Nº 2514, del 9 de septiembre de 2015, creó la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), como institución pública descentralizada encargada de elaborar, proponer y gestionar el Plan de Implementación del Gobierno Electrónico en el país.
Posteriormente, el Decreto Supremo Nº 3251 dispuso la implementación de un Gobierno Electrónico que permitiría a las entidades públicas acceder y compartir datos de manera eficiente, buscando facilitar la interoperabilidad y reducir la burocracia. De igual manera, el Decreto Supremo Nº 3405 obliga a los entes administrativos a realizar auditorías periódicas en sus sistemas de información, con el fin de asegurar que los datos utilizados en los procesos administrativos y de fiscalización sean actualizados y confiables. Esta normativa es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado.
El reciente Decreto Supremo Nº 5367, de 2 de abril de 2025, busca "fortalecer la implementación del Gobierno Electrónico en Bolivia y aprueba la llamada Agenda Digital 2030. Este decreto establece nuevas directrices para la digitalización de trámites y servicios públicos, promoviendo el uso de tecnologías de información y comunicación en la administración estatal. No obstante, su efectividad depende de su correcta aplicación y de la superación de obstáculos burocráticos profundamente arraigados, característicos de un Estado socialista centralista con un aparato estatal cada vez más grande y lento. En este contexto, la digitalización, lejos de beneficiar a la población, se torna contraproducente.
En la realidad cotidiana, los ciudadanos bolivianos enfrentan una burocracia persistente que obstaculiza la eficiencia de los servicios públicos. La digitalización, lejos de simplificar trámites, ha añadido capas adicionales de complejidad. Un ejemplo claro es el uso de códigos QR en documentos oficiales. Diseñados para facilitar el acceso a información y validar documentos digitalmente, se tornan inútiles cuando las instituciones públicas continúan exigiendo fotocopias y la presentación de documentos originales. Esta duplicidad de requisitos contradice el propósito del Gobierno Electrónico, generando frustración y pérdida de tiempo para los ciudadanos.
Otro aspecto crítico es la actuación de las instituciones estatales encargadas de las fiscalizaciones, que a menudo resultan abusivas. Estas entidades, en su afán por hacer cumplir normativas", imponen multas y sanciones basadas en sistemas electrónicos que no están plenamente operativos o presentan fallas. Como ejemplo, se solicita a los ciudadanos documentación que las propias entidades estatales deberían poseer. Esta situación se ve agravada por la falta de una infraestructura digital robusta y la inexistente interconexión entre plataformas estatales, lo que genera sanciones injustas.
Además, muchos funcionarios actúan con prepotencia y bajo la amenaza del uso de la fuerza, lo que incrementa la arbitrariedad y la desconfianza hacia las instituciones públicas. En lugar de promover la transparencia y eficiencia, el Gobierno Electrónico ha terminado generando un entorno más opaco, engorroso y propenso a errores.
La implementación ineficiente del Gobierno Electrónico tiene consecuencias directas en la vida de los ciudadanos. Lejos de facilitar el acceso a servicios y reducir los tiempos de espera, ha generado trámites más largos y repetitivos. Esta redundancia implica no solo una pérdida de tiempo, sino también costos adicionales y una mayor exposición a la corrupción, al aumentar los puntos de contacto entre ciudadanos y funcionarios públicos.
Para que el Gobierno Electrónico cumpla sus objetivos y beneficie realmente a la población, es imperativo adoptar una serie de medidas estructurales. Entre ellas:
Simplificación de trámites: Es esencial revisar y rediseñar los procesos administrativos para eliminar pasos innecesarios y redundantes. La digitalización debe ir acompañada de una simplificación real de los procedimientos.
Capacitación del personal: Los funcionarios públicos deben recibir formación continua en el uso de herramientas digitales y en la atención al ciudadano en entornos virtuales, garantizando una gestión eficiente y empática.
Interoperabilidad de sistemas: Se debe desarrollar una plataforma integrada que permita la comunicación efectiva entre las distintas instituciones públicas, evitando la duplicidad de requerimientos y facilitando la trazabilidad de los trámites.
Infraestructura tecnológica adecuada: Es vital invertir en sistemas tecnológicos robustos y confiables que aseguren la disponibilidad y seguridad de los servicios digitales, minimizando fallas y tiempos de inactividad.
Participación ciudadana: Involucrar a la sociedad civil en el diseño y evaluación de las políticas de Gobierno Electrónico, asegurando que las soluciones implementadas respondan a las necesidades reales de la población.
Evaluación y monitoreo continuo: Establecer mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación de los sistemas digitales implementados, para identificar y corregir fallas de manera oportuna.
Caso contrario, por más normas que se promulguen, los avances seguirán siendo ineficaces y contraproducentes. El ciudadano continuará sobrecargado por un sistema que, en lugar de servirle, se convierte en una carga adicional. En última instancia, es necesario también preguntarse: ¿De dónde sale el dinero para todo esto y por qué no está funcionando?
La digitalización de la gestión pública no puede ser solo un discurso o una fachada tecnológica. Requiere compromiso, honestidad, eficiencia y una profunda reforma institucional que priorice al ciudadano por encima de la burocracia.