En el marco de la ceremonia de inauguración del año judicial interamericano 2025, Nancy Hernández, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió un discurso llamando a fortalecer la independencia judicial, proteger los Derechos fundamentales y combatir la corrupción.
En su intervención, Hernández subrayó que los Derechos humanos no deben ser una herramienta política, sino un principio rector del Estado. Este mensaje resulta particularmente pertinente para Bolivia, donde los Poderes del Estado han sido frecuentemente cuestionados por su falta de autonomía y transparencia. Desde la interferencia en los procesos judiciales hasta la criminalización de la disidencia, se evidencia cómo el debilitamiento institucional pone en riesgo las libertades individuales y colectivas.
Un análisis más profundo revela una preocupante realidad en la región: el izquierdismo radical, que en décadas pasadas operaba como grupos insurgentes y terroristas, ha transitado hacia la participación democrática, solo para, en algunos casos, erosionar desde dentro las estructuras democráticas, aprovechando el discurso de justicia social para acceder al poder, pero con resultados que han debilitado la institucionalidad democrática.
Desde la aprobación de reformas constitucionales que prolongan los mandatos presidenciales hasta el uso selectivo de la justicia para perseguir oponentes políticos, debilitamiento progresivo del sistema democrático. Lo que acarrea un impacto directo en los Derechos humanos, limitando la capacidad de los ciudadanos para ejercer su libertad de expresión, asociación y manifestación.
En su discurso, Hernández enfatizó la importancia de consolidar la independencia judicial como pilar fundamental de la democracia.
En Bolivia, esto debe traducirse en reformas profundas que garanticen la elección transparente de jueces y fiscales, la aplicación de métricas de evaluación independientes y la eliminación de influencias partidarias en el sistema judicial. Además, es crucial empoderar a la sociedad civil y fomentar la educación cívica para que los ciudadanos puedan exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.
La región también puede beneficiarse de un enfoque supranacional. La Corte IDH debe redoblar sus esfuerzos en garantizar el cumplimiento de sus sentencias y en promover el diálogo entre Estados para fortalecer la colaboración en materia de Derechos humanos. Las sanciones a los gobiernos que violen las normativas internacionales deben ser más rigurosas, y las organizaciones internacionales deben presionar para que los Estados respeten el orden constitucional.
El discurso de Nancy Hernández nos recuerda que la democracia y los Derechos humanos no son conquistas permanentes, sino logros que deben ser protegidos de manera constante. Depende de nosotros, como ciudadanos y como naciones, impedir que las sombras del autoritarismo vuelvan a oscurecer nuestro futuro.