En los años 60, el profesor de economía Gary Becker llegó tarde a un examen en Nueva York y no encontró estacionamiento. En segundos tomó una decisión: arriesgarse a una multa o perder la prueba.
De esa experiencia nació una de las ideas más influyentes de la economía moderna: incluso ante un delito, las personas responden a incentivos. Si el beneficio esperado supera a la multa por la probabilidad de ser atrapado, la conducta puede resultar racional desde el punto de vista individual.
Esa intuición dio origen a su ensayo “Crimen y castigo: un enfoque económico” (1968), que más tarde sería parte del legado que lo llevó al Premio Nobel en 1992. A partir de entonces, el análisis económico del crimen se consolidó como un campo de estudio.
Investigadores como George Stigler analizaron cómo el Estado debe diseñar la combinación óptima entre vigilancia y severidad; o Richard Posner, quien extendió esta lógica a todo el sistema legal. Décadas después, economistas como Steven Levitt incorporarían métodos más sofisticados para medir el impacto de distintas políticas de seguridad.
En América Latina, estos temas han cobrado especial relevancia. Espacios académicos como ALCAPONE —la red de economía política de la Asociación Latinoamericana de Economistas LACEA— reúnen a investigadores que estudian instituciones, corrupción y crimen en la región.
Otro ejemplo es el estudio del economista boliviano radicado en Chile Rómulo Chumacero, titulado “Evo, Pablo, Tony, Diego y Sonny”. Aunque suena a película, en realidad es un análisis del mercado de drogas ilegales. Cada nombre representa a un actor dentro de esa cadena: el productor de materia prima, el fabricante de droga, el traficante, el consumidor y el Estado.
El estudio muestra resultados que van contra la intuición. Por ejemplo, aumentar la represión o endurecer penas no siempre perjudica a todos los actores ilegales. En algunos casos, al subir el riesgo baja la oferta y suben los precios, lo que puede terminar beneficiando a ciertos productores o traficantes.
Sobre la legalización, el trabajo concluye que no es automáticamente buena ni mala. Los cultivadores pueden beneficiarse, mientras que quienes viven de las rentas del narcotráfico suelen perder. El efecto en los consumidores depende de qué haga el Estado con los recursos.
Reflejando la relevancia del crimen en la agenda económica, este 2 de marzo se inició el curso “Conceptos Clave para Economías en Contextos de Conflicto y Fragilidad” organizado por el Centro para la Investigación en Política Económica (CEPR).
La primera sesión la impartió Maria Micaela Sviatschi de la Universidad de Princeton, quien resumió sus estudios sobre cómo el crimen organizado y la violencia afectan el desarrollo juvenil. O sobre el impacto de intervenciones escolares y presencia policial en la reducción de violencia.
Esta mirada más integral ayuda a entender fenómenos recientes, como lo sucedido el 27 de febrero pasado en El Alto. En un escenario caótico, con dinero visible y sin claridad inmediata sobre sanciones, la probabilidad percibida de castigo pudo parecer baja, mientras el beneficio era concreto y urgente.
Se produjo lo que los economistas llaman un “shock de oportunidad”: no hubo estructura criminal, ni costo de entrada. El costo de delinquir fue casi nulo.
Además, la multitud diluyó la responsabilidad individual y generó un efecto contagio: cuando algunos actúan sin castigo inmediato, otros perciben menor riesgo y se suman. En contextos de ingresos muy bajos o alta informalidad, el valor del dinero inmediato puede ser muy alto, lo que refuerza el incentivo.
Nada de esto justifica esa terrible actitud y sus efectos. El crimen es reprobable y debe sancionarse. Pero si queremos prevenirlo con eficacia, no basta con la indignación moral. Es necesario comprender los incentivos, las percepciones de riesgo y las fallas institucionales que lo hacen posible. Solo así podremos diseñar políticas para enfrentar esta y otras conductas en el futuro.
(*) El autor es economista