Durante décadas se ha presentado a las cooperativas mineras como un modelo “social” que democratiza la riqueza. La evidencia muestra lo contrario: hoy son uno de los principales frenos a la recaudación fiscal, a la modernización tecnológica y al desarrollo minero del país. Su aporte económico efectivo está muy por debajo del enorme valor que extraen del subsuelo boliviano.
Las cifras oficiales lo demuestran con claridad. En 2018 las cooperativas generaron el 38% del valor minero nacional; en 2019 subieron al 53% y desde 2020 superan de forma sostenida el 55%, llegando a 57% en 2022 y 58% en 2023. Más de la mitad de la riqueza mineral del país proviene de un sector con bajos controles, sin obligaciones empresariales equivalentes y con un estatus legal que les otorga privilegios inaccesibles para la empresa privada o para COMIBOL.
La brecha más grave está en la tributación. En 2022 la producción minera alcanzó US$6.761 millones, de los cuales US$3.854 millones correspondieron a cooperativas; sin embargo, las regalías totales apenas fueron US$238 millones y solo unos US$135 millones pueden atribuirse, de manera optimista, al sector cooperativista. En 2023 la producción atribuible a cooperativas rondó los US$3.623 millones, pero su contribución estimada en regalías no superó los US$127 millones. Un sector que produce más de la mitad del valor nacional tributa apenas una fracción de lo que aportaría bajo estándares fiscales normales.
La razón es estructural: gran parte de las cooperativas opera sin contabilidad formal, con ventas informales, doble registro o sin registro en plantas de beneficio. La debilidad en trazabilidad permite subdeclarar peso, ley y valor, especialmente en el oro, donde la cadena productiva es altamente informal. El Estado captura solo una mínima parte del valor generado, mientras asume los costos ambientales y sociales de una actividad poco regulada.
La paradoja es que, aunque las cooperativas emplean a unas 60.000 personas, su productividad laboral es baja y no impulsa modernización ni eficiencia. Generan empleo, sí, pero empleo precario, sin seguridad social y con escaso aporte al desarrollo nacional. Y su poder político ha ralentizado decisiones críticas: el caso del Cerro Rico y la resistencia a cerrar bocaminas inseguras muestra cómo la presión corporativa puede imponerse incluso sobre criterios técnicos y patrimoniales. En la minería aurífera, el uso masivo de mercurio está causando daños irreversibles en ríos y comunidades indígenas sin una retribución fiscal que compense semejante externalidad ambiental.
Frente a esta realidad, el modelo cooperativista actual es insostenible. Produce mucho, aporta poco, contamina demasiado y obstaculiza la planificación del sector. Bolivia necesita un régimen tributario único y plenamente fiscalizable, con trazabilidad obligatoria desde bocamina hasta exportación y con estándares ambientales mínimos que se apliquen por igual a todos los actores.
El camino es claro: modernizar la fiscalización con pesaje y muestreo obligatorio en plantas, registros digitales y cruces automáticos entre SENARECOM, aduana y autoridades tributarias para reducir la evasión; revisar la figura de los “derechos preconstituidos” e imponer obligaciones de productividad, seguridad y aporte; fortalecer la capacidad institucional de COMIBOL y de las gobernaciones para ordenar y cerrar operaciones de alto riesgo; fomentar alianzas público-privadas que permitan economías de escala, plantas de beneficio comunes y acceso formal a mercados; y aplicar sanciones reales a quienes operen con mercurio o dentro de áreas protegidas, destinando lo recaudado a remediación ambiental y a programas de transición laboral.
Mientras ese cambio no llegue, Bolivia seguirá extrayendo riqueza sin transformarla en progreso. Y esa, precisamente, es la mayor deuda que el actual modelo cooperativista mantiene con el pueblo boliviano.
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