El principal problema del Legislativo boliviano hoy no es la falta de leyes, sino la falta de independencia. El Congreso ha sido reducido, durante distintos gobiernos, a una maquinaria de obediencia partidaria. Las presidencias de las cámaras se deciden en oficinas ajenas al hemiciclo, los jefes de bancada se designan por dedazo y las comisiones más importantes se reparten como botín político. La deliberación se reemplaza por el voto disciplinado y la fiscalización por el silencio conveniente. Las sesiones suelen convertirse en rituales de imposición, donde la mayoría aplasta sin convencer y la minoría grita sin incidir. Así, el Parlamento pierde su razón de ser: representar la pluralidad del país, equilibrar al Ejecutivo y canalizar los conflictos sociales mediante debate, no mediante imposición.
A esta deformación institucional se suma una estructura electoral que tampoco favorece la representatividad. La combinación actual de escaños uninominales y plurinominales funciona más como un reparto interno que como un mecanismo de equilibrio. Los diputados de lista responden a los líderes de partido; los de circunscripción, a redes clientelares locales. El resultado es un Congreso fragmentado, sin liderazgos técnicos ni vocación de servicio. En lugar de ser el centro del diálogo nacional, el Legislativo se ha vuelto una extensión de la lucha partidaria y del cálculo electoral permanente.
Otros países, sin embargo, han demostrado que es posible revertir esta tendencia. Nueva Zelanda, por ejemplo, reformó en 1996 su sistema electoral uninominal y lo reemplazó por un modelo mixto proporcional (MMP) que combina distritos con listas nacionales. Gracias a ello, la representación se volvió más equitativa y el Parlamento reflejó mejor la diversidad social, sin perder gobernabilidad. Chile hizo lo propio en 2015, cuando abandonó el antiguo sistema binominal que favorecía el empate entre dos bloques y adoptó un modelo proporcional moderno, logrando mayor pluralidad y transparencia. En ambos casos, el éxito se debió a una fórmula simple: distribuir el poder de modo que nadie lo monopolice. El Ejecutivo gobierna, el Legislativo delibera, y ambos se controlan mutuamente en beneficio del ciudadano.
Estos ejemplos ofrecen lecciones concretas para Bolivia. Primero, que la democracia no se defiende con discursos, sino con reglas que limiten la concentración del poder. Segundo, que la pluralidad no es un obstáculo, sino la materia prima del consenso. Y tercero, que la rendición de cuentas no nace de la voluntad de los gobernantes, sino de estructuras que la exigen. Si queremos que nuestro Congreso cumpla su función constitucional, debemos reformar tanto la forma en que se elige a sus líderes como la manera en que se distribuye su poder interno.
La solución pasa por combinar mecanismos de representación equilibrada con una nueva cultura de transparencia. Las presidencias de ambas cámaras deberían elegirse por mayoría calificada y voto secreto, obligando a pactos entre fuerzas políticas. Los jefes de bancada y las presidencias de comisiones deberían ser elegidos por voto interno de sus miembros, no designados por los partidos. Las comisiones, en cambio, deberían asignarse proporcionalmente según la fuerza parlamentaria de cada bloque, de modo que la oposición tenga voz efectiva en los espacios de fiscalización. Los asesores técnicos deben ser funcionarios de carrera, no operadores políticos. Y toda sesión, acta y votación debería ser pública y accesible al ciudadano común.
A la par, la reforma electoral debe avanzar hacia un sistema mixto compensatorio, donde los votos de los bolivianos se traduzcan de manera más proporcional en escaños, corrigiendo la sobrerrepresentación territorial y el dominio de las cúpulas. Este modelo mantendría el vínculo local de los distritos uninominales, pero equilibrado por listas abiertas que reflejen la fuerza real de cada partido en el conjunto nacional. El votante tendría así dos decisiones: una por persona, otra por proyecto político.
Estas medidas no requieren inventar nada nuevo, solo aplicar lo que en otros países ha funcionado para devolver dignidad a la política. El Congreso debe volver a ser un espacio de diálogo, no de imposición; de control, no de subordinación; de ciudadanía, no de clientelismo. En un país tan diverso y desafiante como Bolivia, un Legislativo plural, transparente y profesional no es un lujo académico: es una condición de supervivencia democrática. Mientras el Parlamento siga siendo rehén de las mayorías circunstanciales y de las cúpulas partidarias, la Constitución será letra muerta. Pero si recupera su autonomía y abre sus puertas a la deliberación genuina, entonces sí podrá ser, como debería, la voz de todos los bolivianos.
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