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Comunicar en crisis: la lección que deja El Alto

Martes, 03 de marzo de 2026 a las 04:00

La tragedia aérea ocurrida en El Alto, con el accidente de un Hércules C-130 que transportaba 17,1 millones de billetes nuevos por un valor de Bs 423 millones, abrió una herida que fue más allá del siniestro mismo. En términos estrictamente económicos, el hecho no tenía la capacidad de desestabilizar el país. En Bolivia circulan cerca de Bs 100.000 millones en efectivo; el monto transportado representaba menos del 0,4% y lo robado o destruido apenas alrededor del 0,12%. No hubo inflación, no hubo devaluación y el valor del boliviano no se alteró. Sin embargo, el impacto social fue inmediato y profundo.

La escena de billetes quemándose, sumada a versiones contradictorias sobre su validez, generó una percepción de riesgo que superó con creces la dimensión real del problema. El verdadero daño no fue monetario, sino comunicacional. En una economía donde más del 70% de las transacciones se realizan en efectivo y la informalidad alcanza al 85%, cualquier duda sobre la validez del dinero toca fibras sensibles. Para miles de personas, un billete que “no sirve” durante horas puede significar no comprar alimentos o no pagar transporte.

Debe señalarse con claridad que la conducta de grupos que actuaron movidos por la codicia tras el accidente es reprochable y delictiva. Aprovechar una tragedia para lucrar no solo vulnera la ley, sino que erosiona la convivencia social. Pero la responsabilidad de esos hechos no exime a las instituciones de su deber de gestionar la crisis con precisión y serenidad. Cuando el Estado actúa bajo presión, cada decisión técnica debe ir acompañada de un mensaje claro y oportuno.

El Banco Central y la ASFI optaron por suspender temporalmente toda la Serie B de Bs 10, 20 y 50 como medida preventiva. Desde la lógica técnica, fue un intento de impedir que billetes robados ingresen al sistema y perjudiquen a ciudadanos honestos. Posteriormente, se hizo lo correcto: identificar numeraciones específicas e invalidar solo aquellas comprometidas, un procedimiento consistente con prácticas de la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. En ese sentido, la corrección fue adecuada. El error estuvo en la forma y en el momento de comunicar.

La quema de billetes, jurídicamente defendible como medida de seguridad, resultó simbólicamente desafortunada. En sociedades con memoria de crisis económicas, ver dinero arder despierta temores que trascienden la explicación técnica. A ello se sumó la falta de claridad inmediata sobre resoluciones formales y numeraciones exactas. La ausencia de información ordenada abrió espacio a rumores en redes sociales y mercados populares. Y cuando la información oficial llega tarde o fragmentada, la narrativa la construyen otros.

Este episodio revela una debilidad más profunda: la fragilidad estructural de la comunicación estatal. No se trata solo de la comunicación presidencial, que puede ser eficaz o carismática, sino de la comunicación del Estado como sistema. Son planos distintos. Un gobierno que constantemente debe responder, aclarar o rectificar pierde iniciativa y cede terreno en la conversación pública. Manuel Castells ha explicado que el poder se ejerce en gran medida en el ámbito de la comunicación; quien no controla el relato, pierde autoridad.

Daniel Innerarity sostiene que la política contemporánea consiste en gestionar incertidumbre. Y la incertidumbre se reduce con información clara, coherente y verificable. En este caso, el problema no fue técnico; fue estratégico. La economía no tambaleó. Lo que se vio afectada fue la confianza momentánea, y la confianza es el activo más delicado de cualquier sistema financiero.

El accidente fue grave. El oportunismo delictivo fue condenable. Pero lo que debe dejar lecciones es la gestión comunicacional. No hubo crisis monetaria; hubo crisis de información. La confianza no se destruye con un siniestro aislado, sino con la desorientación prolongada. La comunicación no es maquillaje institucional: es gobernabilidad. Un gobierno que aspira a reformar el Estado debe primero saber comunicarlo. Porque, en tiempos de incertidumbre, gobernar es, ante todo, comunicar con responsabilidad.

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