El rostro de María Abigaíl resume un drama colectivo: sobrevivió a tres combazos en la cabeza, pero no a la indiferencia de un sistema que nunca la escuchó. Denunció a su agresor cuatro veces y la respuesta fue la misma: concilie, hable con él. ¿Cuánto vale la vida de una mujer en un país donde la violencia se atiende con papeles archivados y excusas burocráticas? La pregunta duele más cuando las heridas siguen abiertas y la justicia sigue ausente.
La Ley 348 prometió protección y justicia, pero para demasiadas mujeres es solo letra muerta. Lo confirman las estadísticas: más de 80 intentos de feminicidio en siete meses, 54 crímenes consumados. Sin embargo, apenas unos pocos casos llegan a sentencia, mientras la mayoría se diluye en procesos interminables que profundizan la impunidad. Cada cifra esconde un nombre, una historia, unos hijos que cargan con la orfandad o con el miedo. Y, aun así, el Estado responde tarde, mal o nunca.
María Abigaíl está viva gracias a sus hijas y a sus vecinos, no a las instituciones. Ese es el verdadero escándalo. Que una mujer tenga que agradecer al azar de un pelo recogido o al coraje comunitario para seguir respirando demuestra que el feminicidio no es solo un crimen, es un fracaso estructural. El país no puede seguir mirando hacia otro lado: la seguridad de las mujeres no se garantiza con discursos ni con leyes dormidas, sino con voluntad, recursos y acción real.