Este miércoles se hizo historia. Por primera vez un tribunal boliviano, en Sucre, determinó medidas de protección para el jaguar y su hábitat, tras décadas de caza ilegal y tráfico internacional. También fue inédito que haya aceptado una denuncia colectiva de este tipo, presentada por activistas, ONG, periodistas, políticos, ambientalistas y ciudadanos, reparó la agencia internacional EFE. “Fue una jornada intensa y emocionante, pero finalmente victoriosa”, describió la periodista Silvana Vincenti, especialista en temas que atañen al medioambiente, y que acudió para observar ‘in situ’ lo que sucedió y registró entre los activistas presentes que hay esperanza en el Órgano judicial renovado, con los nuevos magistrados del Tribunal Agroambiental.
Hasta el año 2020 se contabilizaron 35 casos de tráfico de jaguares, 723 colmillos, cráneos y pieles incautados, lo que significa la muerte de por lo menos 200 ejemplares, según datos de Plan de Acción para la Conservación del Jaguar que fue presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
¿Qué se logró en pro del jaguar? Tolerancia cero al tráfico ilegal del felino más grande de América. En total son 12 puntos, entre los que se destaca el diseño de un plan nacional 2025-2030, que la Asamblea Legislativa elabore una ley para crear un fondo económico para implementar políticas de protección hacia el jaguar, y lo más importante, se emplaza a que autoridades del Gobierno, Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, autoridades judiciales y otras instancias tomen medidas “urgentes y en un plazo de 10 días hábiles".