El debate del 50/50 en Bolivia no es solo una consigna fiscal, sino la expresión de un agotamiento histórico frente a un modelo centralista que concentra decisiones, recursos y poder político, mientras las regiones productivas reciben retornos insuficientes. En un nuevo ciclo político, discutir una distribución equitativa del 50% de los ingresos para el nivel central y 50% para las entidades territoriales autónomas supone replantear la arquitectura del Estado sin romper su unidad.
Desde la aprobación de la Constitución de 2009 y la Ley Marco de Autonomías, el país avanzó en el reconocimiento formal de gobernaciones, municipios y autonomías indígenas. Sin embargo, en la práctica, la dependencia financiera del TGN ha limitado su capacidad real de gestión. Departamentos que generan importantes ingresos por hidrocarburos, minería o agroindustria reclaman mayor capacidad de decisión sobre esos recursos, no como privilegio, sino como corresponsabilidad en el desarrollo nacional.
El 50/50 plantea que las regiones no solo ejecuten presupuestos, sino que definan políticas públicas acordes a sus realidades productivas, sociales y culturales. Esto podría dinamizar economías locales, reducir burocracias y mejorar la eficiencia del gasto. Al mismo tiempo, obligaría a los gobiernos subnacionales a asumir mayor responsabilidad fiscal y transparencia.
Superar la hegemonía recalcitrante del centralismo no implica debilitar al Estado, sino fortalecerlo desde abajo. Un pacto fiscal equilibrado puede convertirse en la base de un nuevo contrato territorial donde el nivel central coordine, redistribuya y garantice cohesión, pero sin asfixiar la iniciativa regional. El desafío no es dividir, sino equilibrar para que Bolivia crezca con mayor justicia territorial y legitimidad democrática.
(*) El autor es presidente del Consejo Editorial