El chikunguña volvió a recordarnos que la salud pública no admite pausas. Más de mil casos en Santa Cruz y un bebé en terapia intensiva no son solo cifras epidemiológicas: son la evidencia de un sistema que enfrenta emergencias con recursos limitados y márgenes cada vez más estrechos. Los virus no esperan turnos ni entienden de conflictos laborales.
En paralelo, la maternidad del Hospital de Niños funciona al límite. Hacinamiento, falta de ambientes, carencia de al menos 18 ítems y una demanda que no se detiene. Nacer, en Santa Cruz, se ha convertido también en una prueba de resistencia institucional. No por falta de médicos comprometidos, sino por un sistema que hace años viene parchándose en lugar de reformarse.
El dato es tan elocuente como incómodo: en enero, el sistema público de salud solo funcionó cinco de los 31 días calendario. En febrero aún no hay paro declarado, pero la amenaza está latente. Hay dirigencias que acomodan las medidas de presión a feriados largos, estirando el descanso. La protesta es un derecho; la salud, también.
En medio de esa pulseada queda el último eslabón de la cadena: el paciente. El que madruga para hacer fila y no consigue ficha. El que necesita diálisis o quimioterapia y no puede darse el lujo de postergar su cita.
La discusión de fondo no es solo laboral ni presupuestaria. Es ética. La salud pública no puede seguir funcionando a medias, dependiendo del calendario ni de la correlación de fuerzas. Porque mientras el sistema negocia, el virus avanza, las salas se llenan y el paciente espera. Y en salud, esperar casi siempre cuesta demasiado.