El crimen organizado es un fenómeno complejo y transnacional caracterizado por la existencia de estructuras jerárquicas o en red, con roles bien definidos, continuidad en el tiempo y una clara división del trabajo. A diferencia de la delincuencia común, no actúa improvisadamente porque planifica, invierte, diversifica actividades y busca protegerse mediante la corrupción, la intimidación y el uso estratégico de la violencia. Su funcionamiento se apoya en economías ilegales como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas y el lavado de dinero, que le permiten generar enormes ganancias y, al mismo tiempo, infiltrarse en la economía formal.
Los objetivos del crimen organizado van más allá del lucro económico inmediato. Persigue el control territorial, influencia política y social, y la capacidad de operar con impunidad. Para ello, debilita instituciones del Estado, corrompe funcionarios, coopta autoridades locales y aprovecha vacíos legales o falta de control estatal. En muchos casos, busca también legitimarse ante la población, ofreciendo ‘servicios’, empleo ilegal o protección, lo que agrava su arraigo social.
En Bolivia, la presencia del crimen organizado es cada vez más evidente. El país se ha convertido en un punto estratégico por su ubicación geográfica, sus extensas fronteras porosas y la limitada capacidad de control en ciertas regiones. El incremento del narcotráfico, el contrabando a gran escala, el uso de pistas clandestinas, el lavado de dinero y la aparición de hechos de violencia vinculados a mafias son señales claras de su avance. Este fenómeno representa una amenaza directa a la seguridad, la institucionalidad democrática y el desarrollo del país, y exige una respuesta pronta, integral, firme y sostenida del Estado y la sociedad.