Bolivia sigue siendo el país más conflictivo de América Latina. Solo el año pasado, 841 conflictos se registraron en todo el país, lo que significa que, cada día, al menos un conflicto se está produciendo en algún punto del territorio nacional. Lo más grave de este informe, divulgado días atrás por la Defensoría del Pueblo, es que este patrón se viene repitiendo desde hace 50 años de manera recurrente. Así, los conflictos han pasado a convertirse en hechos normales del comportamiento de la sociedad boliviana. Aunque el informe no detalla cuántos bloqueos de vías se hicieron el año pasado, lo cierto es que esta medida es la más utilizada para demandar la atención a las demandas.
A fin de regular los bloqueos en el país, al menos cuatro anteproyectos de ley están en manos de los legisladores para su revisión. La idea -según el titular del Senado- no es penalizar las protestas, pero sí frenar el método del bloqueo. La propuesta incluye la modificación del Código Penal para que se sancione el “cerco a las ciudades”. Raya en el “exterminio poblacional”, por ejemplo, el impedir el paso de alimentos, de medicamentos y de ambulancias en los bloqueos.
El uso de cachorros de dinamita durante las protestas sociales es otro exceso que el Gobierno busca castigar. El presidente Rodrigo Paz advirtió con meter a la cárcel a los que usen estos explosivos. Las palabras del mandatario y la anunciada ley antibloqueo son aplaudidas por ciudadanos cansados de este tipo de medidas que solo hunden más en la pobreza al país. Claro está que antes de aprobar la norma, el Gobierno deberá socializarla con los sectores.