Bolivia vuelve a encontrarse frente a una decisión que marcará su rumbo. La recesión ya no es un dato estadístico: se siente en la mesa de las familias. La falta de dólares paraliza proyectos, frena importaciones y desgasta al sector privado. Mientras tanto, la inflación avanza casi sin hacer ruido, pero termina quitándole a la gente parte de lo que gana cada mes. El déficit fiscal se ha convertido en una carga que el Estado ya no puede sostener sin recurrir a promesas que superan su capacidad real. En voz baja, muchos se preguntan lo mismo: ¿hasta cuándo podremos seguir así?
Ese interrogante no solo refleja la preocupación ciudadana; también establece el punto de partida para la acción. El nuevo gobierno, que acaba de asumir, no enfrenta únicamente una economía agotada, sino la responsabilidad de decidir qué dirección tomará el país cuando la crisis empiece a ceder. Los motores tradicionales —gas, consumo interno y gasto público— ya no ofrecen garantías de crecimiento sostenible, y lo que siga dependerá de su capacidad para impulsar una estrategia diferente.
Durante años se ha repetido la idea de que un país rico en recursos naturales debería “vivir bien”. La evidencia internacional demuestra lo contrario. Venezuela, Angola o incluso Bolivia muestran que disponer de recursos no asegura bienestar para su población (Acemoglu & Robinson, 2012). Pueden aportar ingresos rápidos, sí, pero no construyen una economía sólida ni sostenible.
Por otro lado, la evidencia empírica demuestra que el éxito de un país no depende del tamaño del territorio, del clima, de la cantidad de población ni del número de minerales o reservas de gas bajo tierra. Ninguna de esas variables explica quién progresa y quién permanece estancado. Países pequeños como Singapur o Irlanda han logrado economías altamente competitivas, mientras naciones con vastos territorios, como la República Democrática del Congo, siguen atrapadas en ciclos de pobreza. La geografía no define el destino.
La clave está en otra parte: en lo que un país sabe hacer. Es decir, en las capacidades productivas que sus empresas y su población han acumulado. La teoría de la complejidad económica desarrollada por Hausmann y Hidalgo muestra que los países exitosos no lo son por exportar materias primas, sino por producir bienes sofisticados que pocos actores pueden generar (Hidalgo & Hausmann, 2009). Alemania no depende del precio del cacao. Corea del Sur no espera un milagro del petróleo. Su apuesta es por el conocimiento, la tecnología y la industria.
Bolivia, sin embargo, ha orientado su estructura productiva principalmente hacia materias primas: gas, minerales y cultivos agrícolas con escaso valor agregado. Cuando los precios internacionales caen, el país entero se resiente; cuando suben, nos ilusionamos momentáneamente sin generar condiciones que transformen la matriz productiva. En otras palabras, no estamos incorporando nuevas capacidades ni avanzando hacia actividades más sofisticadas. Y sin complejidad económica, el crecimiento resulta frágil y dependiente.
Muchas empresas bolivianas que intentan innovar se encuentran con un entorno poco favorable: regulaciones que complican, trámites que consumen tiempo y una institucionalidad que, en lugar de incentivar la iniciativa, suele penalizarla. Acemoglu advierte que los países fallan cuando sus instituciones son extractivas, es decir, cuando el poder bloquea la innovación para proteger intereses tradicionales (Acemoglu & Robinson, 2012). Esa descripción se asemeja demasiado a nuestra realidad reciente.
El nuevo gobierno tiene la oportunidad —quizás la última en mucho tiempo— de mirar más allá del gas y del cortoplacismo. No se trata solo de equilibrar cuentas o extender subsidios: ese modelo está agotado. Bolivia necesita una agenda basada en complejidad productiva, invirtiendo en talento, tecnología, industria y cadenas de valor que generen empleo de calidad y divisas genuinas.
El primer desafío consiste en que producir resulte menos complicado que importar. Hoy, la burocracia es uno de los principales frenos al desarrollo: detrás de cada sello innecesario hay una empresa que nunca llega a nacer.
El segundo desafío es redefinir el rol del Estado. No debe desaparecer, pero sí cambiar de papel: más facilitador, menos protagonista. Para que el sector privado invierta, necesita reglas claras, acceso a divisas y seguridad jurídica. Sin confianza, el capital simplemente no se mueve.
El tercer reto es educativo. No basta con ampliar cobertura: hay que formar para la economía que queremos construir. Tecnología, ingeniería, inteligencia artificial, diseño e innovación deben estar al centro de esa agenda, evitando que el empleo público sea el destino casi obligado ante la falta de alternativas en el sector productivo.
Bolivia cuenta con talento, emprendedores que quieren crecer y jóvenes que desean quedarse en su país. Lo que falta es liderazgo capaz de integrar esas capacidades en un proyecto estratégico compartido.
Cuando la crisis se supere —porque eventualmente se superará— será fundamental no volver al esquema anterior. Habrá que aplicar lo que aquí se plantea: apostar por el conocimiento, la diversificación y la complejidad productiva, con instituciones que liberen el potencial de su gente.
La prosperidad no surge del subsuelo ni depende del azar. Se construye desde lo que sabemos hacer. El futuro se decidirá en si continuamos actuando como un país que solo extrae, o si asumimos el desafío de empezar a crear, de una vez por todas.