¿Quién no está cansado de hacer colas interminables para realizar un trámite? En Bolivia, hacer fila se ha convertido en una rutina casi obligatoria. Colas desde la madrugada para obtener un certificado de nacimiento en época de inscripciones escolares; colas para renovar el carnet de identidad o la licencia de conducir; colas para permisos de viaje, licencias de funcionamiento municipales, para sacar el Número de Identificación Tributaria o registrar una empresa; colas incluso para obtener una ficha en las Cajas de Salud. Filas interminables en oficinas públicas, bajo el sol o la lluvia, de pie durante horas, esperando turnos inciertos que muchas veces no llegan.
A esta realidad se suma una práctica tan arraigada como absurda: la exigencia interminable de fotocopias. Fotocopias del carnet, del poder o del testimonio, del formulario, del respaldo y hasta del respaldo del respaldo. En plena era digital, cuando la información podría verificarse en segundos, el papel sigue siendo la llave de acceso al Estado. Y lo más grave es que nunca parece ser suficiente. El ciudadano vuelve una y otra vez porque “el sistema está caído”, porque “el responsable no está”, porque “faltaba un requisito” que nadie informó antes o porque cada ventanilla interpreta las normas según su propio criterio.
Este laberinto burocrático no solo genera cansancio; también alimenta prácticas corrosivas. Los llamados “códigos”, “timbres” o pagos informales para acelerar trámites se han normalizado. Cuando el tiempo del ciudadano no vale y el sistema no responde, la corrupción encuentra terreno fértil. No porque la gente quiera corromper, sino porque muchas veces se siente atrapada en un sistema que castiga la honestidad y premia la informalidad.
Esta percepción cotidiana no es solo una queja social. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, Bolivia ocupa el primer lugar en tiempo promedio requerido para realizar trámites administrativos: más de 11 horas, frente a un promedio regional de 5,4 horas. Detrás de esa cifra hay jornadas laborales perdidas, ingresos que no se generan, madres y padres que deben abandonar su trabajo para cumplir con un requisito, jóvenes que postergan estudios y emprendedores que desisten de formalizar sus negocios.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se sostiene este modelo en una época marcada por la digitalización, la interoperabilidad de datos y la tecnología disponible? El problema no es la falta de herramientas, sino la ausencia de una reforma profunda. Modernizar el Estado no es comprar computadoras ni lanzar plataformas aisladas; es rediseñar procesos, eliminar pasos innecesarios, unificar bases de datos y cambiar una cultura institucional que todavía ve al ciudadano como un obstáculo y no como la razón de ser del servicio público.
Poner fin a esta situación no es un lujo administrativo, es una urgencia social. Un Estado eficiente no humilla con colas interminables ni somete a su gente a peregrinajes burocráticos. Un Estado moderno respeta el tiempo, reduce la discrecionalidad y cierra las puertas a la corrupción. Avanzar hacia trámites simples, digitales y transparentes no es solo una decisión técnica: es un acto de respeto y dignidad. Porque cada fila interminable es, en el fondo, una deuda pendiente con la ciudadanía.