El inicio del año escolar se hace visible cada enero cuando, en muchos colegios, reaparecen las largas filas para las inscripciones. La única “innovación” en esta recurrente falencia administrativa es que los padres de familia ahora colocan hasta botellas en las filas para ahorrarse horas de espera. Esta ocurrencia popular puede leerse como una señal inequívoca de que el sistema educativo nacional requiere reformas profundas, tanto en el plano administrativo como, sobre todo, en el de la calidad educativa.
De entrada, se han asumido algunas medidas coyunturales, como la prohibición del uso de teléfonos celulares en el aula, la eliminación de actos de graduación superfluos en ciclos distintos al bachillerato, el congelamiento de pensiones en colegios privados y otras disposiciones orientadas a cuidar el bolsillo de los padres de familia en un contexto de crisis económica. Como es previsible, las reformas estructurales y los cambios de fondo demandarán más tiempo.
Lo importante es que los problemas empiecen a encararse con realismo. Las mencionadas colas de inscripción, por ejemplo, son un síntoma de que el crecimiento demográfico en ciudades como Santa Cruz ejerce una presión creciente sobre la infraestructura educativa. Resulta indispensable conocer con mayor precisión esta demanda educativa para adecuar la planificación y expansión de las escuelas.
Otras disposiciones, aunque de carácter formal, pueden contribuir a mejorar el proceso de enseñanza en el aula. Sin duda, el uso indiscriminado de celulares —tanto por estudiantes como, en algunos casos, por docentes— se había convertido en un factor de distracción que debía ser corregido. Esto no implica, por supuesto, renunciar a la tecnología, sino más bien reforzar su uso pedagógico mediante herramientas adecuadas, como computadoras y plataformas educativas bien orientadas.
El gran reto pendiente, sin embargo, son las reformas de fondo. Por ahora, las nuevas autoridades educativas han dado señales alentadoras. Han señalado que la educación debe ser asumida como una política de Estado y no como una sucesión de reformas supuestamente revolucionarias. Es decir, se plantea construir sobre lo ya existente, en lugar de desecharlo todo para imponer consignas. También es positivo que se anuncie la intención de encarar estas reformas con la participación de los sectores clave del sistema educativo, mediante la conformación de mesas técnicas.
El punto de partida de toda reforma seria es el sinceramiento. Se ha admitido que el estado actual de la educación boliviana es precario. Diversos estudios han demostrado que los estudiantes presentan graves deficiencias incluso en habilidades básicas como la lectura y la escritura. Asimismo, existe un rezago significativo en matemáticas, ciencias y otras áreas del conocimiento, en comparación con el rendimiento de estudiantes de otros países.
Estamos al inicio de una nueva gestión, y es de esperar que las autoridades cumplan su propósito de priorizar la educación en las políticas públicas. Nuestros estudiantes merecen una educación que les brinde herramientas para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo y competitivo. Apostar por una educación de calidad no es una consigna, sino la base indispensable para que el país dé el salto cualitativo que necesita y mejore de manera sostenida la calidad de vida de sus ciudadanos.