La reciente detención preventiva de Franklin Flores, exdelegado presidencial para La Paz y excandidato a la Gobernación por el MAS, ha reavivado la discusión sobre la corrupción enquistada en el aparato estatal. Acusado de liderar una red que operaba contratos irregulares en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Flores es ahora el rostro visible de un sistema donde el uso del poder público para beneficios personales parece ser la norma, no la excepción.
Según investigaciones del Ministerio Público, esta red habría direccionado contratos millonarios para la compra de productos agrícolas, utilizando influencias políticas y manipulando procesos de adjudicación. Las revelaciones no sorprenden: desde hace años, diversas instituciones estatales han sido utilizadas como botines políticos, alimentando clientelismos, pactos de impunidad y redes de corrupción profundamente institucionalizadas.
Este escándalo no se limita a la responsabilidad individual de Flores. Su caso pone en evidencia un patrón repetitivo de autoridades que, al amparo del poder, desvían recursos públicos con total impunidad. El MAS, partido al que Flores pertenece, ha tratado de marcar distancia, pero lo cierto es que la corrupción atraviesa a todos los niveles del Estado y a todas las siglas políticas que han pasado por el poder.
La lucha contra la corrupción en Bolivia sigue siendo más discursiva que efectiva. Los mecanismos de control son débiles, las sanciones son esporádicas, y la justicia opera con un sesgo político que mina su credibilidad. El caso Flores debería ser un punto de inflexión, pero probablemente será otro capítulo más en la larga historia de corrupción impune en el país.
¿Quiere recibir notificaciones de alertas?